El Ayuntamiento de Madrid trabaja a marchas forzadas para tener lista la aprobación provisional de la modificación urbanística que hará posible la puesta en marcha el proyecto de Madrid Nuevo Norte, la sempiterna 'operación Chamartín'. Pese a que el plazo de alegaciones concluyó apenas hace quince días y su volumen supera la cifra de 3.500, el deseo y la intención de la alcaldesa, Manuela Carmena, es que el trámite, que recibió a mediados de septiembre la aprobación inicial, quede zanjado, por lo que a la Administración municipal se refiere, en el Pleno que se celebrará a finales del próximo enero.
De esta forma, Carmena evitaría que el procedimiento pudiera verse afectado por la cercanía de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, en la que participará activamente ya que aspira a la reelección como máxima regidora de la capital de España.
El impulso que la alcaldesa quiere dar a la tramitación de la modificación urbanística ha sido acogido y recogido por Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de Madrid Nuevo Norte. La prueba es que su presidente, Antonio Béjar, también tiene marcado en rojo el Pleno del Ayuntamiento del próximo enero como fecha clave para el discurrir de la operación.
Durante su intervención en el acto de inauguración de la oficina que DCN ha abierto en el Paseo de la Castellana para informar a los ciudadanos interesados en conocer los detalles de Madrid Nuevo Norte, Béjar aseguró que "en el Pleno del mes de enero vamos a ver un consenso político histórico en torno a este proyecto".
A la hora de justificar este optimismo, Béjar apuntó a la propia Carmena: "no son previsiones nuestras, la fecha del mes de enero está en declaraciones públicas de la alcaldesa y con ellas nos quedamos".
El valor añadido del consenso
Sin embargo, hay algo más detrás del optimismo de DCN, que en el proceso en torno a Madrid Nuevo Norte se ha mostrado tradicionalmente prudente y más con las cuestiones relacionadas con las fechas y los plazos. A diferencia de otros momentos de la tramitación, el Ayuntamiento sí trabaja ahora a toda máquina con el fin de que la aprobación quede resuelta cuanto antes y el expediente pase al consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que tiene la última palabra.
Hasta el Consistorio han llegado más de 3.500 alegaciones, que están siendo pertinentemente estudiadas con el fin de determinar si procede su estimación e incorporación al expediente. El elevado volumen ha hecho incluso que algunas asociaciones vecinales contrarias a la operación pidan que se paralice el trámite administrativo, algo que no sucederá. El proyecto de 2015, que también llegó hasta esta fase, contó con unas 2.200 alegaciones.
Además, no es baladí la inclusión del consenso político en la afirmación del presidente de DCN. Carmena también quiere sacar adelante la operación con el mayor acuerdo posible, aunque es consciente de que puede encontrarse con algunos votos en contra procedentes de concejales de Ahora Madrid, la formación política que lidera, que han estado siempre en contra del desarrollo urbanístico del norte de la capital, y que no han dudado en discrepar públicamente de la postura de la alcaldesa en este punto.
Entre dos legislaturas
El mencionado consenso es el mejor blindaje contra posibles efectos de cambios en los bastones de mando con motivo de las elecciones. Entre otras cuestiones porque no es común que los proyectos urbanísticos se aprueben sin divergencias entre las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento y menos tratándose de un desarrollo tan ambicioso y que, en épocas pretéritas, generó una fuerte contestación, tanto política como ciudadana.
Cabe tener en cuenta que el trabajo del Consistorio en la tramitación del expediente finaliza con la aprobación inicial pero que después deberá ser la Comunidad de Madrid, administración que se ha mantenido voluntariamente al margen de las negociaciones para consensuar el proyecto entre las partes, la que deba dar luz verde a un gigantesco expediente. Por todo ello, lo más probable es que esa aprobación definitiva tenga que llegar del Gobierno regional resultante de los comicios de mayo.
