Carolina España (Málaga, 1969), ha pasado de ser el azote de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda en el Congreso, a recoger el testigo en julio de Juan Bravo -y antes de la propia Montero- en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, desde la que gestiona también los fondos europeos del Plan de Recuperación. Desde el pasado septiembre se encuentra inmersa en la andanada que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades del PP con el impuesto a grandes fortunas, "un impuesto contra Andalucía", subraya, que se decidió y anunció horas después de que Juanma Moreno Bonilla avanzara que suprimía Patrimonio y deflactaba el IRPF.

La batalla se dirime ahora mismo en el Tribunal Constitucional (TC), que acaba de admitir a trámite el recurso de la Junta contra el impuesto, y lo ha hecho el exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo, el ponente. No ha estimado sin embargo la suspensión cautelar que reclamaban y han presentado un recurso de súplica. No descartan emprender más acciones.

Pregunta (P). ¿Qué recorrido cree que va a tener el recurso contra el impuesto a grandes fortunas en el Tribunal Constitucional? ¿Le preocupa que sea el ponente Juan Carlos Campo?

Respuesta (R). Es un atropello que el recién nombrado magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo sea la persona que arbitre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas impulsado por Sánchez. Es un impuesto eminentemente político y él ha formado parte del Gobierno que lo impulsa. Hasta ahora se había inhibido en temas relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Espero que haya separación de poderes. Se ha admitido a trámite pero no se han estimado las medidas cautelares de suspensión y hemos recurrido. El Tribunal Constitucional debe intervenir como garante de la Constitución y suspender un impuesto que es contrario a la Carta Magna, al Estado de Derecho y a la autonomía política y financiera de Andalucía. El magistrado Campo debe velar para que el Tribunal de Garantías garantice que se cumple la Constitución. Sánchez se ha excedido por completo de los márgenes constitucionales, ha cometido fraude de ley, y el magistrado Campo debe intervenir para paralizar de inmediato un impuesto diseñado contra la autonomía financiera de Andalucía. Estamos ante una quiebra del equilibrio de poderes en un Estado de Derecho. Le llamamos el 'impuesto contra Andalucía' porque claramente este impuesto se aprueba como una reacción del Gobierno de Sánchez a la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. Tres meses antes, Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso con el impuesto y el PSOE votó en corta y alegó que era un ataque a la autonomía de las CCAA.

P. ¿Están percibiendo que se estén yendo patrimonios de Andalucía por el impuesto?

R. Primero hay que recordar que el Impuesto de Patrimonio no existe en ningún otro país de la UE. Ahuyenta la inversión, la creación de riqueza y empleo. Con el nuevo impuesto, grandes patrimonios e inversores están yéndose, datos exactos no tenemos, pero sí sabemos que en su momento, de las 20 mayores fortunas que había en Andalucía, la mitad se fueron a otros sitios, cuando estaba Patrimonio. Eliminamos Patrimonio porque habíamos calculado que lo que perdíamos por la recaudación sería mucho menor que lo que estábamos perdiendo en Renta e IVA cuando se iban los patrimonios. Su supresión es un polo de atracción, atraemos nuevas empresas. Cuando eliminamos Sucesiones, aumentaron los contribuyentes, en nuestras costas hay muchas personas que no son residentes y que al quitarlo deciden hacerse residentes. Lo teníamos muy bien estudiado, no sólo para que no se fueran sino para ser atractivos y que vinieran. Ahora hay un margen entre los 700.000 euros que grava Patrimonio y los 3,7 millones de grandes fortunas, sigue habiendo cierto beneficio en venir a Andalucía, seguimos siendo atractivos aunque ya no tanto.

P. ¿Están estudiando medidas para atraer inversión como la Comunidad de Madrid? Si es así, ¿cuáles?

R. Estábamos aprobando una nueva bajada de impuestos cuando ocurrió todo esto, la sexta. Hemos pasado de ser la cuarta comunidad donde más impuestos se pagaban a la segunda más competitiva detrás de Madrid. En la sexta bajada de impuestos, además de suprimir Patrimonio, hemos deflactado la tarifa autonómica del IRPF y eliminado el canon del agua. Estudiamos nuevas medidas que puedan compensar el nuevo impuesto, siempre en la línea de seguir siendo lo más atractivos posible a la inversión. Al final hemos detectado que Andalucía es una tierra maravillosa para vivir, pero tenemos que hacerla muy atractiva también para invertir y trabajar, de ahí la política de bajada de impuestos y de simplificación de trabas administrativas. Hemos aprobado tres Decretos de simplificación administrativa, se han robotizado más de 400 trámites y está en trámite un nuevo decreto. Es lo que piden los empresarios: simplificación, ayudas a la internacionalización. Llevamos varios años batiendo récords en exportaciones, por eso tenemos una unidad aceleradora de proyectos, se reducen los trámites a la mitad para proyectos estratégicos, se ofrecen herramientas financieras, un fondo de capital riesgo. Andalucía es hoy la comunidad que ofrece de toda España mayor estabilidad política, institucional, presupuestaria. Hemos aprobado el Presupuesto, el mayor, de 45.600 millones. Es la comunidad ahora mismo que está ofreciendo una mayor seguridad jurídica, certidumbre y, junto a la estabilidad, ofrecemos confianza. Por eso, a pesar de haber bajado los impuestos a 400.000 contribuyentes, hemos recaudado 7.700 millones más en cuatro años que en los cuatro años anteriores, y el presupuesto en sanidad se ha incrementado un 40%, 4.000 millones más.

Está claro que el objetivo del impuesto a grandes fortunas era hacer daño a Andalucía, están viendo que la marca Andalucía cotiza al alza, hemos pasado de estar en el vagón de cola a liderar en muchos ámbitos económicos"

P. ¿Cómo interpretan el 'regalo fiscal' por error a Madrid y Andalucía en la ley que crea el impuesto a grandes fortunas, que ahora Hacienda plantea que no va a aplicar?

R. Hemos calculado que al final se pagaría entre un 36% y un 80% menos, y hay casos en los que la diferencia es mayor. No está claro. Sea como fuere, la realidad es que sólo el anuncio del impuesto es un ataque a la marca Andalucía y a la marca España, es una pena que grandes inversores y grandes empresas se vayan de España por este motivo. No sé si el Gobierno es consciente del daño que se hace al país, independientemente del daño que se hace a Andalucía. Está claro que el objetivo era hacer daño a Andalucía, están viendo que la marca Andalucía cotiza al alza, hemos pasado de estar en el vagón de cola a liderar en muchos ámbitos económicos, llevamos dos años liderando la creación de autónomos, antes que Cataluña, crecen las exportaciones por encima de la media, la matriculación de turismos, la compraventa de viviendas, la creación de empleo, estamos creando empleo por encima de la media, reduciendo las cifras de paro, el índice de producción industrial está por encima de la media, somos una de las comunidades que vamos a alcanzar este año el PIB prepandemia. Hay siete que no lo van a hacer, España estaba también ahí y se esperaba que lo lograra en 2024, ahora parece que lo hará en 2023. Estamos en el camino correcto, con todas las reformas en marcha, teniendo claro que las empresas son las que crean empleo. Ponemos alfombra roja y mano tendida a los empresarios, son los que crean empleo. Con mucho consenso y mucho diálogo y sin levantar los pies del suelo, hemos cerrado el tercer acuerdo económico y social con los agentes sociales, con más de 500 millones para ayudar a pymes y autónomos con la factura de la luz y el coste energético, el bono a familias vulnerables, el bono carestía de 200 euros, un plan de empleo juvenil de 70 millones, el aval de la hipoteca para menores de 35 años, en el que las entidades dan el 80% y nosotros avalamos un 15% más, hasta el 95%. Se trabaja en diálogo, consenso, en ayudas a las familias para hacer frente a la financiación y la situación económica, y ser polo de atracción de empresas. Las dos cosas están muy vinculadas, el ámbito social y el empresarial y económico.

P. País Vasco y Navarra están exentos del impuesto estatal a grandes fortunas, pueden hacer lo que quieran y parece que no van a ponerlo. ¿Puede haber patrimonios que se vayan al País Vasco, que tiene un Impuesto de Patrimonio moderado?

R. En Andalucía estamos cansados de la discriminación y los agravios comparativos del Gobierno de Sánchez. No sólo en este tema del impuesto, que ya sabemos que prácticamente al País Vasco no le va afectar, tiene libertad y no van a implantarlo según hemos tenido conocimiento, pero son muchas cuestiones, estamos viendo cómo vía Real Decreto-ley a la Comunidad Valenciana y Cataluña, según ha publicado el BOE, se les da una ayuda de 90 y 30 millones, respectivamente, para que pongan en marcha las empresas el PERTE de la automoción, y yo digo: pero bueno y por qué Cataluña y Comunidad Valenciana sí y Andalucía no, dónde están los PERTE para Andalucía, por qué las empresas andaluzas no están participando de PERTE importantes como el aeroespacial, el agroalimentario, del agua, por qué no podemos aprovechar los Next Generation para proyectos hidráulicos. Hay más agravios, por qué Cataluña en los Presupuestos recibe más inversión que Andalucía cuando Andalucía tiene un millón más de habitantes, por qué los Next Generation se distribuyen de tal forma que hay una media de 399 euros por habitante, y Andalucía recibe 366, mientras La Rioja o Baleares, más de 600 euros, por qué los planes de empleo de Canarias reciben 19 veces más y Extremadura, cinco veces más, si tenemos en cuenta el número de desempleados. A pesar de esto, nosotros vamos por el buen camino, consiguiendo que Andalucía sea una tierra de oportunidades que genera confianza y los andaluces se sienten muy orgullosos de la evolución y el cambio.

P. ¿Perciben algún efecto de la visita de la Delegación del Parlamento Europeo? ¿Hay mejora en la gobernanza del Plan de Recuperación?

R. Creo que el Gobierno se ha dado cuenta de los errores que se han cometido. Y que conste una cosa, nosotros cuando vino el Parlamento Europeo dije desde el principio que íbamos con actitud de colaborar e intentar que los errores del primer paquete de 70.000 millones en ayudas no se cometieran en el segundo paquete de 84.000 millones en préstamos. Todas las comunidades incluidas las del PSOE se han quejado de falta de cogobernanza: no hemos participado en el diseño, la plataforma Coffee no funciona al 100% y debería hacerlo desde 2021, no es compatible con las que tenemos las comunidades, no hay unidad de criterio. Cómo puede ser que el Ministerio de Turismo entiende que el IVA sí es elegible y el de Inclusión dice que no, no hay coordinación. El problema es que no hay una Conferencia Sectorial, que depende de Hacienda, que es la que coordina todo el plan, y que se ha reunido sólo tres veces, la primera, para constituirse, la última vez, en agosto de 2021.

¿Dónde están los PERTE, cuál es el porcentaje de ejecución, quién accede, qué empresas, que comunidades? Hay apagón informativo"

P. La visita no ha supuesto novedad entonces

R. Nada. Yo lo dije muy claro, yo no voy a ir a hablar mal de mi país a Europa, lo que quiero es que los errores de la primera fase no se cometan en la segunda. Cuando dieron el borrador de los préstamos, otra vez se dejaron fuera las infraestructuras hidráulicas. En Galicia a lo mejor no tiene sentido, pero en Andalucía estamos muy preocupados con la sequía porque nos está afectando al sector primario, que tiene un peso importantísimo en nuestro PIB. Está todo tan constreñido, el Gobierno no se adapta a las necesidades de las comunidades, nos obligan a hacer guarderías de cero a tres años cuando no tenemos más niños, la líneas que hemos puesto en marcha sólo se han cubierto un 20%. A lo mejor en otras comunidades tienen más niños, nosotros hemos solicitado poder reformular para avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años y no nos han contestado, igual que hemos pedido reformular muchos proyectos para infraestructuras hidráulicas y no nos han contestado.

Todas las comunidades estamos trabajando, nosotros tenemos autorizado cerca de 4.000 millones, del total, un 40%, de lo presupuestado en 2021 y 2022 sería un 80%, con 74 líneas de ayudas por 1.000 millones y licitaciones por 350 millones. Hay que tener en cuenta que del primer paquete a las comunidades se nos ha dado el 30%, 20.000 millones, el resto 50.000, más la adenda, los tiene el Gobierno para los PERTE. ¿Dónde están los PERTE, cuál es el porcentaje de ejecución, quién accede, qué empresas, que comunidades? Hay apagón informativo.

P. Ministros como Reyes Maroto trasladan responsabilidades a las comunidades y declaran que no están ejecutando todo lo que deberían

R. Las comunidades estamos trabajando y si miras lo presupuestado en 2021 y 2022, el 80% ya está ejecutado. Tenemos hasta 2026, vamos incorporando presupuestos y autorizando y licitando. Estamos en 2023, no puede estar todo ejecutado, estamos cumpliendo hitos y objetivos, nos ha costado arrancar. Los fondos llegaron a finales de 2021. En 2022 nos ha costado trabajo a todas las comunidades desbrozar la maleza, había muchísimas dudas, no se avanzaba. Al final todas las comunidades estamos trabajando, aunque ha costado. En Andalucía estamos haciendo una ronda informativa, vamos a todas las provincias de la mano de las empresas y la Cámara de Comercio, también para promover los fondos Feder, el Fondo Social Europeo y Feader, de los que tenemos 8.500 millones.

P. ¿Están garantizados los controles como dijo el Gobierno a la delegación del Parlamento Europeo que preguntó por la reforma de la malversación? ¿Qué incidencia tiene ahora el 'caso Mediador', por el que también pregunta la UE?

R. El Gobierno de España debería hacer una reflexión sobre que venga la UE, una delegación del Parlamento Europeo, a decirnos a España que por qué hemos modificado y rebajado el delito de malversación de los recursos públicos. Como Gobierno, Administración Pública responsable, debería hacer una reflexión, como partido u oposición ya lo dijimos, nos parecía un auténtica barbaridad la reforma y ahora lo estamos viendo. En Andalucía ya ha habido casos de excargos públicos socialistas que han tenido que ingresar en prisión por los ERE y están solicitando revisión de pena acogiéndose a esta reforma. Por lo que he leído, al final parece que no se lo iban a conceder. Habla usted del caso del diputado, del Tito Berni, nos abochorna a todos, y más a nosotros en Andalucía, que tenemos muy reciente todo lo que ocurrió en relación a los ERE, una etapa negra de Andalucía en la que éramos conocidos y estábamos todo el día en los telediarios por los ERE, la droga, prostíbulos. Esta historia nos retrotrae a esa época oscura del socialismo en Andalucía, por suerte, con mucho trabajo, se ha cambiado por completo la imagen de Andalucía y ahora la nueva marca Andalucía es sinónimo de transparencia, estabilidad, confianza, liderazgo.

Ante el caso Ferrovial nosotros precisamente lo que queremos es que vuelvan a casa los empresarios que se fueron cuando Andalucía era un infierno fiscal"

P. ¿Cómo se ven los ataques del Gobierno a Ferrovial y a las empresas desde una Administración?

R. Lo dijimos, es la gota que va calando, son ataques a la marca España en definitiva. El Gobierno recoge lo que siembra si continuamente está atacando a las empresas, a los empresarios, subiendo impuestos, dificultando su actividad. Al empresario hay que dejarle libertad, lo mejor es no estorbar, crear condiciones favorables para que puedan desarrollar su trabajo en libertad, dejarlos trabajar para que creen empleo y riqueza. Si a lo que te dedicas es continuamente a meterles el dedo en el ojo y a atacar a las empresas y a los empresarios, pues al final se van, se van del país, hacia otros lugares donde nos les pongan tantos inconvenientes. Los empresarios no son los malos de la película, son muy necesarios para que el país crezca y se transforme. Lamentamos lo ocurrido con Ferrovial, es justo la antítesis de lo que estamos haciendo en Andalucía, alfombra roja y mano tendida a los empresarios, por eso quitamos Patrimonio y bajamos impuestos, creamos ese ecosistema, lo que queremos es precisamente que vuelvan a casa los empresarios que se fueron ante el infierno fiscal que era Andalucía.

El Gobierno ya está dejando caer que habrá que subir IRPF o IVA ahora para sostener las pensiones. No lo hace ahora para no producir rechazo electoral en los ciudadanos"

P. Precisamente la reforma de las pensiones ha sido rechazado frontalmente por las empresas por la subida de cotizaciones sociales, ¿les han trasladado su preocupación? No ha quedado claro qué propone el PP si gobierna

R. En primer lugar, no estamos de acuerdo en cuanto a la forma, la Comisión del Pacto de Toledo se creó precisamente para el acuerdo de todos los partidos sobre las pensiones en el medio y largo plazo, para que no se cambiaran en función del gobierno de turno. Se sacó de la actividad política, no tiene sentido una reforma de las pensiones que no está pactada con los empresarios. Para qué está el diálogo social, para llegar a acuerdos con los empresarios, con los agentes sociales, los empresarios son parte bastante interesada, lo normal es que tengan que estar y aquí lo que se ha hecho es sin su acuerdo. Se va a tramitar por Decreto-ley y luego dicen que como proyecto de ley, pero hay proyectos que llevan dos años en el cajón con prórrogas. Se ha hecho obviando por completo el Pacto de Toledo, se le ha dado la reforma que debería discutir ya hecha. El Gobierno ha legislado al margen del consenso y del diálogo social un incremento importante de las cotizaciones sociales, hay que tener en cuenta que esto supone sin lugar a dudas un freno a la creación de empleo. Creemos desde el PP que el empleo tiene que ser fundamental para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de pensiones. Tenemos la tasa de paro más alta de la UE, si alcanzáramos niveles similares a otros países tendríamos 1,5 millones de trabajadores más. A lo mejor no haría falta subir tanto las cotizaciones, parece que esto es un acuerdo rápido de cara a que hay elecciones y de cara a la Comisión Europea para recibir el nuevo paquete de ayudas, pero ya se está dejando caer que próximamente habrá que subir impuestos como el IRPF e IVA para sostener el sistema de pensiones. No quieren hacerlo ahora para no producir rechazo electoral en los ciudadanos, IRPF e IVA los pagamos todos. No es de recibo una modificación del sistema público que se ciña sólo a una subida de cotizaciones, no es la fórmula de sostenibilidad del sistema, es un invito yo y pagas tú, puede tener el efecto de pérdida de 200.000 empleos, es una chapuza, una reforma para salir del paso que se vuelve en contra de la propia sostenibilidad del sistema y si al final no hay creación de empleo, lo que hace falta para sostener el sistema, cada vez harán falta más recursos.

El nuevo sistema de financiación autonómica lo pondrá en marcha Núñez Feijóo"

P. Los Estados miembros debaten sobre la vuelta de las reglas fiscales, en principio para 2025, pero Alemania pretende que haya ya procedimientos por déficit excesivo en 2024, lo que el Gobierno español rechaza. ¿Debe acelerarse el proceso?

R. En cada momento y cada situación hay que adaptarse, es normal que se hayan suspendido en su momento por la pandemia y la guerra y el proceso inflacionario, es mucho lo que ha pasado en poco tiempo, pero desde Andalucía entendemos que es razonable que en el corto y medio plazo se vuelvan a instaurar las reglas fiscales, no estamos preocupados, hemos hecho nuestros deberes. En 2018 con el PSOE, era la única comunidad que no cumplía con ninguna de las tres reglas, y hemos pasado a ser en 2019 la que cumple las tres, entrando en equilibrio técnico prácticamente todos los años, con un uso razonable y moderado de la deuda, casi tres puntos por debajo de la media de deuda de las comunidades. Cuando llegamos estaba en el 22,1% del PIB, ahora en el 21,5%, frente a la media del 24,2% y tenemos una deuda un 40% menor que en 2013. Hemos hecho los deberes y tenemos una economía saneada, solvente, sólida. En el momento en el que vuelvan las reglas fiscales, estaremos preparados para cumplir.

P. En su previsión normativa, el Gobierno se niega a admitir que no va a reformar la financiación autonómica, ¿qué les parece? ¿Les preocupa la situación?

R. No tenemos ninguna esperanza de que lo haga, desde 2018 han pasado cinco años, apenas se ha avanzado, lo lamentamos. Andalucía está infrafinanciada, todo lo hemos hecho a pulmón, perdemos 1.000 millones al año, es mucho dinero, porque en 2009 hubo un acuerdo entre el PSOE y ERC, que ya dijimos que era lesivo para Andalucía, y hemos perdido más de 11.000 millones que Andalucía ha dejado de recibir, es una injusticia. Es verdad que no sólo nos pasa a nosotros, Comunidad Valenciana o Murcia también están infrafinanciadas. No puede ser que haya comunidades que reciben por encima de la media y nosotros 151 euros menos por cada andaluz, según Fedea. No ha habido voluntad política para solucionarlo, ni al menos parcialmente. Se ofreció con la Comunidad Valenciana la posibilidad de aprobar un fondo transitorio de nivelación que nos compensara para dejarnos el mismo nivel que las demás, de 1.700 millones, era viable haberlo incluido en los Presupuestos mientras no haya nuevo sistema de financiación y no ha habido voluntad política en el Gobierno de subsanar esta tremenda injusticia. El nuevo sistema de financiación lo pondrá en marcha Feijóo.

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