El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama retomará el próximo otoño las declaraciones testificales de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, y del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, en el caso que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.
Todas estas comparecencias estaban previstas para esta primavera, si bien fueron suspendidas 'sine die' por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 comunica que retoma la investigación, pero a partir de septiembre.
El primero en comparecer será Albella, que ha sido citado para el 17 de septiembre a las 9.00 horas. Le seguirá De Guindos, que declarará el día 30 de ese mes a la misma hora, pero por videoconferencia, según consta en la providencia del magistrado.
Ya el día 6 de octubre, también a partir de las nueve de la mañana, Calama ha citado a cinco testigos, todos ellos directores territoriales del Popular en el año 2016: Miguel Ángel Franco, encargado la zona norte; Manuel Quero, de la zona centro; Alfonso Ruspira, de la zona Cataluña/Baleares; José Baonza, de la zona de Levante; y Luis Marín, de la zona de Andalucía. Asimismo, comparecerá Fernando Merino, responsable de la red del Banco Pastor en 2016.
El instructor ha fijado el 8 de octubre a las 9.00 horas para que testifique Ana Botín, y el 15 de ese mes a la misma hora ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique. El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional.
El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
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