Cataluña sigue liderando la rebelión de muchas comunidades autónomas contra el ‘decretazo’ del Gobierno central contra el autoconsumo, aprobado por el Consejo de Ministros poco antes de la celebración de las primeras elecciones generales del 20-D.
Tanto el Govern que preside Carles Puigdemont como el ejecutivo municipal de Barcelona, encabezado por Ada Colau, han relanzado sus planes para el desarrollo de esta forma de generar electricidad con placas solares desde hogares, urbanizaciones, pymes, parques industriales e instituciones (universidades, centros deportivos, hospitales…), entre otros muchos emplazamientos, desafiando de forma directa al Gobierno de Mariano Rajoy, que sigue en funciones, pero se niega a tamizar un Real Decreto que erradica de base el desarrollo de esta fuente de energías limpias y contiene errores e imperfecciones que pueden provocar el pago de importantes indemnizaciones con cargo al erario público.
El Ejecutivo de Puigdemont sacará adelante el registro de instalaciones de autoconsumo aunque el RD de octubre de 2015 le atribuye esa competencia al Gobierno central en exclusiva
El Ejecutivo de la Plaza de San Jaume sigue promoviendo este tipo de energía y tiene previsto crear “un registro de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica”, en un claro desafío a lo que recoge el RD de octubre de 2015, que atribuye al Estado español, y no a las CCAA y ayuntamientos, la potestad de gestionar este tipo de instalaciones.
El Govern ya presentó meses atrás un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el RD nacional “por invasión de competencias” en materia de energía. “El decreto español reserva para el Estado algunas competencias ejecutivas que ya han sido asumidas por la Generalitat, tales como la creación y gestión de un registro de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica”, decía el Ejecutivo catalán en su recurso.
El propio Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Industria y Energía, que ahora tutela Luis de Guindos tras la dimisión de José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá, ha reconocido al Constitucional que teme tener que afrontar el pago de millonarias indemnizaciones si el Alto Tribunal no suspende las normativas autonómicas, dado que los productores de energía solar desde los hogares seguirán haciendo sus inversiones y desarrollos al calor de las normas regionales y, si finalmente se derogan por el rango superior del RD nacional, habrá que asumir la devolución de esas inversiones.
Colau destinará 130 millones de euros a promover el desarrollo de instalaciones de autoconsumo y recuerda que "quiere desafiar el decreto de autoconsumo del Gobierno del Estado"
Hacía Industria esta petición al Constitucional por la normativa aprobada en Murcia, pero según los expertos, las consecuencias del lío normativo del Gobierno central con las autonomías se haría extensible al resto de regiones.
Según los expertos, el Constitucional tumbará las normativas autonómicas, incluida la catalana, dado que el Real Decreto es de rango superior y delimita claramente las competencias del Gobierno central en materia de autoconsumo. De ahí que el desafío de CCAA como Cataluña o Murcia también va dirigido al Alto Tribunal, si bien éste no se pronunciará antes de dos años, añaden esos expertos.
Pero no sólo Puigdemont se enfrenta a Rajoy. La alcaldesa Ada Colau va más allá y, a través de su equipo, ha avisado de que “Barcelona quiere liderar la transición energética y quiere desafiar el decreto de autoconsumo del Gobierno del Estado que consideramos injusto. Se acabó el tiempo de generar miedo en torno al autoconsumo”.
Barcelona dispondrá de un presupuesto general para dar ayudas a los vecinos que realicen obras de eficiencia energética para ahorrar (76 millones de euros). Además, se destinarán 36 millones al fomento de la instalación de placas en las comunidades de vecinos, otros 8,4 millones irán para la comercializadora que será la encargada de gestionar la compraventa de la energía producida por los vecinos y otros 10 a campañas de divulgación y formación.
En total, unos 130 millones de euros hasta 2019, en el marco del proceso de creación de esa empresa pública municipal que se dedicará a comprar y vender electricidad.
Mientras tanto, en el Gobierno central callan. Todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP, se han comprometido a reformar (algunos apuestan por la derogación pura y dura) el RD de octubre pasado. Todo dependerá de cómo y cuándo se forme Gobierno, si es que se forma. De hecho, Ciudadanos, que si nada se tuerce apoyará la investidura de Rajoy, se ha comprometido también a promover esos cambios en la normativa más restrictiva contra el autoconsumo de todo el mundo, según señalan los expertos.
