De los 630.000 empleos que el equipo económico del Gobierno pensaba que se podían destruir este año, buena parte de ellos se preveían que fueran públicos. Sin embargo, y a pesar de que la plantilla de funcionarios, interinos, laborales y eventuales lleva ya varios trimestres consecutivos de descensos, el Gobierno calcula que en la actualidad todavía hay 170.000 empleados públicos más que en 2007, año del inicio de la crisis. Ante este panorama, se ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de acelerar los ajustes, pues aunque es seguro que en el corto plazo dispararán la tasa de desempleo, en el medio y largo contribuirán a combatir de forma más eficaz el déficit público, señalan fuentes gubernamentales. Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre revelan una destrucción de 63.000 empleos en las tres administraciones, un dato que desde el Gobierno se considera insuficiente.
El Gobierno llama al orden a las comunidades para que aceleren los ajustes de empleo público en el cuarto trimestre del año
Cataluña figura entre las comunidades que más ha engordado su plantilla de empleados públicos entre los años 2005 y 2011 y también la que menos esfuerzo ha hecho para adelgazarla cuando ha llegado el momento de las vacas flacas. En este periodo, aumentó el número de funcionarios, laborales e interinos un 12%, pero el recorte no supera el 0,5%, según datos actualizados. Esto revela que pese a ser una de las comunidades que estuvo en la vanguardia de los ajustes, Artur Mas no se ha atrevido a meter la tijera de lleno en la herencia que recibió del tripartito que presidió José Montilla.
En las estadísticas que la propia Generalidad ha trasladado a Hacienda se refleja que de un recorte total de gasto de 2.802 millones de euros en 2012, solo 943 corresponden al capítulo de personal. Pero no proceden de indemnizaciones o finiquitos, sino de la reducción salarial de los funcionarios (657 millones), del aumento de horas lectivas y de la eliminación de complementos.
En el Gobierno se espera que el cuarto trimestre del año resulte decisivo en el adelgazamiento del sector público, pues a las plantillas que dependen de las tres administraciones se suman también las que prestan servicios en las cerca de 4.000 empresas públicas, que arrastran una deuda superior a los 55.000 millones de euros. Mientras que desde el inicio de la crisis, año 2007, se han destruido en el sector privado 2,9 millones de empleos, en el sector público el empleo público ha crecido casi en 290.000 personas.
Todavía no ha comenzado el recorte de empleo en la mayoría de las 4.000 empresas públicas, que arrastran una deuda de 55.000 millones de euros
De momento, las previsiones iniciales del Gobierno se han quedado muy lejos de los objetivos, pues a lo largo de toda la legislatura aspiraba a ahorrar 80.000 millones de euros en el ajuste de empleo público, teniendo en cuenta que más del 30% del personal al servicio de las tres administraciones no tiene el estatus de funcionario y, por lo tanto, le es aplicable la nueva reforma laboral.
Andalucía es la otra comunidad que más rezagada queda en cuanto a la reducción de plantillas. Entre 2005 y 2011 se calcula que las aumentó en más de 120.000 personas. Los informes que ha entregado a Hacienda demuestran que de un recorte de gasto total de 2.504 millones este año, solo 777 derivan del capítulo de personal y, al igual que en Cataluña, procede de la eliminación de beneficios a los funcionarios, de la supresión de complementos y de las reducciones de sueldo a los interinos.
