En pleno año electoral en el Estado y a las puertas de nuevos comicios en Cataluña en 2024, el independentismo ha vuelto a marcar territorio al Gobierno en una de las facetas más sociales: la vivienda.
La secretaría del ramo, dependiente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha iniciado la tramitación de un control de los alquileres residenciales que no solo sigue un camino propio -como ya lo hiciera el de 2020, tumbado finalmente por el Tribunal Constitucional- sino que también, denuncian asociaciones representantes del sector inmobiliario catalán, "contraviene la Ley de Vivienda" que consiguió aprobar en mayo el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos que lidera Pedro Sánchez.
La resolución aprobada por la consejería de Territorio de Juli Fernández propone aplicar un control de precios sobre 140 municipios y fija como sistema de índice de precios de referencia uno elaborado por la Agencia de Vivienda de Cataluña pese a que la Ley de la Vivienda estipula, sin quitar competencias a las CCAA, que la referencia debe ser la que establezca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Haciendo valer la competencia autonómica, el Govern ha reclamado al Gobierno que "homologue" su nuevo índice propio. Frente a ello, siete asociaciones del sector inmobiliario catalán han alegado puntos en conflicto entre el flamante sistema de la Generalitat y las exigencias que fija la Ley de Vivienda en vigor en el Estado.
"La nueva Ley de Vivienda pide que el sistema de índices recoja las características y condiciones de la vivienda y del edificio en el cual se ubica. Esta petición solo se da -en el índice catalán- si se tienen en cuenta los márgenes superiores e inferiores. Por tanto, sería ilegal usar únicamente el valor central que responde exclusivamente a superficie y localización"
"La nueva Ley de Vivienda pide que el sistema de índices recoja las características y condiciones de la vivienda y del edificio en el cual se ubica. Esta petición solo se da -en el índice catalán- si se tienen en cuenta los márgenes superiores e inferiores. Por tanto, sería ilegal usar únicamente el valor central que responde exclusivamente a superficie y localización", señala el colectivo de agentes inmobiliarios al que se han suscrito la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya.
Discrepancias técnicas con la Ley de Vivienda
Los agentes inmobiliarios denuncian también que el índice de precios de la Generalitat hace una selección de indicadores "sesgada" y que "no corresponde con la definición que hace la Ley de Vivienda". "El índice catalán calcula la carga media de la hipoteca sobre el 80% del precio de venta (cuando la media es del 64%) y selecciona estadísticas referentes al año 2020 (que no recogen lo sucedido con los alquileres y la inflación en el periodo 2020-2022)", ejemplifican desde el colectivo de asociaciones en que se encuentra representado el sector inmobiliario catalán.
Los empresarios inmobiliarios también plantean que la Generalitat ha omitido presentar memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios potencialmente afectados pese a que la Ley de Vivienda exige a la administración "un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo; los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada".
En suma, los inmobiliarios afean que "el propósito de la declaración de zonas tensionadas no es, en sí mismo, controlar el precio de los alquileres", como entienden que propone la Generalitat, sino "orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda" atendiendo al artículo 18.4 de la Ley de Vivienda, que fija que la declaración "de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la Administración competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo".
