La ley de unidad de mercado se basa en el principio del pasaporte único, por el cual un bien o servicio sólo precisará de la licencia de una comunidad para poder comercializarse en otra. Es el principio que rige en la Unión Europea y de ordinario beneficia a las regiones que disfrutan de un tejido empresarial más fuerte. Pues bien, Cataluña y País Vasco, las dos regiones con más industria y que por tanto más pueden ganar con el hecho de que una empresa no tenga que adaptarse a 17 legislaciones distintas, han cargado de forma bastante agresiva contra esta ley.
Según datos del INE, Cataluña abarca el 23,4 de la industria española y el 20,3 del comercio, transporte y hostelería. Y el País Vasco supone el 9,8 por ciento de la industria nacional y el 5,5 por ciento del comercio, transporte y hostelería. Junto a Madrid, representan casi la mitad de las manufacturas de toda España y por consiguiente sus empresas son las que mayores ventajas acumularían por el hecho de que una licencia valga para todo el país.
De hecho, la patronal catalana, Foment del Treball, ha sido una de las que ha aplaudido este anteproyecto de ley de unidad de mercado, que ahora se tramitará vía urgente. No es de extrañar que la reclamen empresas como por ejemplo la catalana Cirsa, que tiene que fabricar hasta 17 tragaperras distintas para cumplir con los diferentes criterios autonómicos.
Sin embargo, de poco han importado las peticiones de sus empresarios: las razones políticas han pesado mucho más. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó ayer mismo en una rueda de prensa que suponía una invasión de sus competencias en materia de comercio. “Una vez más se pretende, sirviéndose del pretexto de la crisis, irrumpir en el estado autonómico y hacer tabla rasa de las competencias, recentralizando el modelo de distribución competencial”, declaró.
Y Cataluña ha planteado prácticamente una enmienda a la totalidad de esta legislación. El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres, consideró este viernes que el anteproyecto de ley no estimula la economía y tan sólo “pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades”. “Si finalmente supera la tramitación en el Congreso y el Senado, hará falta utilizar todos los instrumentos legales para que no entre en vigor”, amenazó.
El director general de Comercio de Canarias, Gustavo Matos, anunció que ya estudiaba presentar un recurso ante el Constitucional.
Conflictividad jurídica
Varios juristas comentaban hace unos días en unas jornadas sobre la reforma de la Administración celebradas en el IESE que la ley de unidad de mercado puede acabar creando mucha conflictividad jurídica al tocar numerosas normativas autonómicas. Se calcula que puede afectar a unas 6.000 normas, de las que 1.700 son estatales y el resto autonómicas o locales.
Es más, uno de los capítulos que más escuece en las comunidades que no son del PP es el papel que desempeñará la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Ésta podrá anular cualquier normativa autonómica hasta que la Audiencia Nacional dictamine si contraviene o no la unidad de mercado.
Por último, Andalucía ha puesto objeciones técnicas a numerosos puntos del texto legal, aunque sus motivaciones han sido otras. La Junta ha estimado que esta ley puede dejar desprotegidos a sus consumidores, ya que se puede iniciar una competencia a la baja de la regulación. No obstante, eso no ha sucedido en Europa al desarrollarse un mercado único, sobre todo porque cada administración al final es responsable jurídicamente de los problemas que pueda generar cuando otorgue licencias.
Una norma descafeinada
El Gobierno ha consultado a representantes de hasta 27 sectores empresariales y ha tardado bastante en tramitar la ley para acomodarse a los distintos puntos de vista. Respecto a las dudas constitucionales, el Gobierno ha remitido el texto legal tanto a los abogados del Estado como al Consejo de Estado, y ambos han dado su visto bueno.
Además, buena parte de los contenidos sensibles para las autonomías se han descafeinado bastante o incluso se han retirado de la legislación, como por ejemplo cualquier control a la apertura de centros, los horarios o el etiquetado, que según la legislación vigente en Europa ya hay que hacerlo al menos en español como lengua oficial europea.
