Casi una de cada cuatro viviendas nuevas de alquiler social financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación se localizarán en Cataluña. 5.773 residencias de un total de 24.964 repartidas por todo el territorio nacional. La región acapara un 16% del presupuesto: 161,6 millones de los casi 1.000 millones (995 millones).
Se trata del Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes que "pretende incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible con altos estándares de eficiencia energética, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública".
Este programa está dotado con 1.000 millones de fondos UE para habilitar 20.000 viviendas nuevas en alquiler social antes del segundo trimestre de 2026. El plan es transferir los fondos a las CCAA entre 2022 y 2023 en proporción al número de hogares de cada región. Y el requisito es que se destine a alquiler social durante al menos 50 años. En este caso la ayuda aportada es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
Finalmente, según expuso este martes Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se han repartido 994.556.621 euros para la construcción de 24.964 viviendas. “Esto nos sitúa en un 25% por encima del objetivo previsto inicialmente, que eran 20.000, gracias a los 211 acuerdos firmados con las CCAA y entidades locales", expuso este martes Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por cuantía de las ayudas asignadas, Andalucía será la comunidad más beneficiada, con casi 174 millones de euros, seguida de Cataluña. Sin embargo, ese dinero se destinará a la construcción de 3.734 residencias. Madrid captará 140 millones en fondos europeos para la construcción de 3.564 viviendas, significativamente por debajo de la comunidad que preside Pere Arangonès.
Estas actuaciones se enmarcan en el Componente 2 del Plan de Recuperación, dedicado a la "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana", dotado con 5.520 millones de euros, de los que 3.420 iban destinados a la rehabilitación de viviendas (2.970 es rehabilitación efectiva en los hogares y 450 son deducciones o incentivos fiscales), y otros 1.000 millones a la mencionada construcción de nuevas viviendas en alquiler asequible.
Adicionalmente, hay otros 1.080 millones destinados a la rehabilitación de edificios públicos. En este caso, "el grado de cumplimiento es del 57% respecto a los 290.000 m2 rehabilitados comprometidos con Europa y que se están analizando", ha dicho el Ministerio. Finalmente, los 5.520 millones se completan con 20 millones de euros para el destino de los diseños de las agendas urbanas en municipios de nuestro país.
Otros 4.000 millones en préstamos del ICO
A estas cuantías se sumarán los 4.000 millones de euros vía ICO también procedentes de fondos europeos para liberar 40.000 viviendas con el fin de destinarlas al alquiler "asequible". A diferencia de las casi 25.000 ya asignadas entre las CCAA, este dinero vendrá de la adenda al Plan de Recuperación, fundamentalmente préstamos en condiciones ventajosas.
El Consejo de Ministros también aprobó el convenio que establece las condiciones de la línea de 2.000 millones de euros con la que el Ministerio de Vivienda avalará parcialmente los préstamos. Es decir, estos avales contribuirán a desplegar los 4.000 millones de euros con el objetivo de financiar la construcción de hasta 40.000 viviendas destinadas a alquiler social o a precio asequible.
Además, se contempla que los préstamos puedan destinarse también a financiar la rehabilitación del parque de vivienda social ya existente. El aval concedido cubrirá el 50% del importe de las operaciones que se suscriban con la Línea de Vivienda del Plan de Recuperación y serán gratuitos tanto para las entidades financieras como para los clientes.
El Ministerio de Vivienda y el ICO están trabajando en el convenio que regula esta línea para ultimar su puesta en marcha. Una vez que esté operativa, los promotores públicos y privados podrán solicitar financiación y el aval. El plazo del aval coincidirá con el plazo de amortización del préstamo, salvo que sea superior a 30 años, en cuyo caso el plazo del aval será de 30 años.
"Sumarán 9.520 millones de euros, casi 10.000 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda que marcan el sello de este Gobierno, su apuesta por la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", recalcó Rodríguez este martes, a menos de dos semanas de las elecciones vascas, a un mes de las catalanas y a dos meses de las europeas.
