El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) parece dispuesto a encargar un análisis pormenorizado de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que durante los años de la burbuja se llevaron a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN. Se trataría de llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente en el apogeo de la burbuja, mediante operaciones de tipo especulativo generalmente ligadas al boom inmobiliario.
La Agencia EFE daba ayer domingo cuenta de esta sorprendente decisión, cuyo objetivo sería doble: por un lado, tratar de saber dónde han ido a parar las ingentes sumas que la banca nacionalizada se ha visto obligada a provisionar tras llevarlas a fallidos, intentando recuperar en lo posible esas cantidades, y, por otro, sentar ante la Justicia a los que se hayan lucrado ilegalmente para, eventualmente, llevarlos a la cárcel.
El FROB registró al cierre del ejercicio 2012 unas pérdidas de 26.060 millones de euros y cuenta con un agujero patrimonial de 21.831 millones. De hecho, es una idea aceptada y extendida que el Estado no podrá recuperar la mayor parte de los 40.000 millones de fondos públicos que se inyectaron el año pasado en el sector bancario. Ante la evidencia de este escándalo, el organismo parece haber activado un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, de modo que “ya trabaja con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” antes citadas, según EFE.
El Fondo habla de revisar operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria. Expertos consultados ayer por este diario aseguran que se trataría de “mirar todas las grandes operaciones, de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por la propia entidad financiera, préstamos a sociedades públicas municipales, etc.”
En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años, los del boom inmobiliario. Los datos obran en poder del Banco de España y deberían estar a disposición del FROB y de la autoridad judicial competente. Otra cosa es que realmente se quiera proceder contra quienes ilícitamente se enriquecieron en los años del boom, muchas veces con la connivencia de los responsables de las Cajas ahora nacionalizadas.
El FROB contratará consultores externos para hallar las trampas
Según Efe, el FROB ha remitido una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN para que inicien los trabajos de localización de estas operaciones, facilitándoles una tipología de maniobras supuestamente irregulares en base a la “experiencia” adquirida en otros casos. A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las propias entidades elaborará un listado en detalle de esos movimientos, que pasará posteriormente por la Comisión Rectora del FROB.
En los casos en los que el Fondo lo crea necesario, contratará un “consultor forensic” para que analice las operaciones más llamativas, antes de decidir si llevarlas o no ante un juez. No sería la primera vez que el FROB acude a los tribunales, donde ha denunciado, por ejemplo, a la antigua cúpula del Banco de Valencia, entre ellos a su expresidente José Luis Olivas, y a varios empresarios en ocho acciones emprendidas en la Audiencia Nacional (AN).
Hasta la fecha, el juez Santiago Pedraz de la AN, que instruye todas ellas -además de la interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval)-, investiga por distintas operaciones supuestamente fraudulentas a 41 personas físicas y a otras 18 jurídicas. El FROB actúa también en la AN contra los exresponsables de la CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, a los que el magistrado Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 35 millones.
Todo lo relatado, sin embargo, apenas sería un aperitivo de llevarse adelante esta gran investigación tendente a descubrir dónde han ido a parar, a qué bolsillos, los miles de millones que el Estado se ha visto obligado a emplear para rescatar a entidades estafadas por pillos de guante blanco con la connivencia, a menudo, de los propios gestores. Pero no convine lanzar las campanas al vuelo: el FROB está también constituido por la gran banca, la digamos “banca sana”, en principio muy poco proclive a iniciar ningún tipo de verificación como la apuntada, y mucho menos a exigir responsabilidades penales. De modo que habrá que verlo.
