El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargará un análisis de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que se hayan podido llevar a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia y BMN. Para ello, el Fondo ha activado un protocolo de detección de las operaciones realizadas en los últimos cinco años que podrían ser sospechosas y ya trabaja con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades, han desvelado a Efe fuentes del organismo.
El FROB remitió una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN para que iniciaran los trabajos de localización de estas operaciones, proporcionándoles, a raíz de la "experiencia" adquirida en otros casos, una tipología de maniobras supuestamente irregulares. A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las propias entidades elabora un listado en detalle de esos movimientos, que pasará posteriormente por la Comisión Rectora del FROB.
En los casos en los que el Fondo lo crea necesario, contratará un consultor forensic para que analice determinadas operaciones antes de decidir si llevarlas o no ante un juez, a quien "no se puede ir con pruebas etéreas, sino muy documentadas e indicios muy claros de que ha habido una operación irregular", añaden las mismas fuentes.
No sería la primera vez que el FROB acude a los tribunales, donde ha denunciado, por ejemplo, a la antigua cúpula del Banco de Valencia, entre ellos a su expresidente José Luis Olivas, y a varios empresarios en ocho acciones emprendidas en la Audiencia Nacional.
Hasta la fecha, el titular del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, que instruye todas ellas además de la interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), investiga por distintas operaciones supuestamente fraudulentas a 41 personas físicas y a otras 18 personas jurídicas.
El FROB actúa también en la Audiencia Nacional contra los exresponsables de la CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, a los que el magistrado Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 35 millones de euros.
Paralelamente a estas acciones en las que el FROB vigila con lupa las operaciones de las entidades, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) inspecciona las auditorías realizadas a los grupos nacionalizados, lo que ha costado a Deloitte y su socio Francisco Celma un expediente administrativo por su trabajo en las cuentas de la salida a bolsa de Bankia.
