Las cajas de ahorros han solicitado al Gobierno que sea el Banco de España el que tenga la última palabra para decidir sobre si una participación mayoritaria en los bancos a los que traspasaron sus negocios puede afectar a la viabilidad de la entidad, de modo que pueda suprimir esta restricción si lo considera oportuno, según han informado fuentes financieras.
Esta sería la alternativa que manejan las cajas, que conllevaría una modificación de la Ley de Cajas (Lorca), en respuesta a la regulación del Memorándum de Entendimiento (MoU) pactado por el Gobierno con Bruselas como condición para desembolsar la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca. De acuerdo con el MoU, las cajas deben rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control. La Caixa, por ejemplo, posee algo más del 60% de Caixabank, por lo que esta normativa le obligaría a deshacer posiciones de control. Las tres cajas vascas también cuentan con participaciones en Kutxabank.
Las cajas fundamentan su propuesta, recogida en un documento remitido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) al Gobierno, bajo premisas económicas, de gobierno corporativo y jurídicas. "Se ha ofrecido como alternativa que se haga una modificación de la Lorca, de forma que sea el Banco de España el que diga si el que una caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su gobierno corporativo o su viabilidad", explicaron las fuentes consultadas. Las mismas fuentes precisaron que si el organismo liderado por Luis María Linde considerara que una posición de control de alguna caja no afecta a la estabilidad del banco, "no debería haber ninguna limitación".
De Guindos, receptivo
Esta petición de las cajas de que sea el Banco de España quien decida sobre su participación en los bancos a los que dieron origen en un contexto de recapitalización del sector financiero se habría acogido con cierta "receptividad" por parte del Ministerio de Economía y Competitividad. La condición suscrita en el MoU recogía una de las recomendaciones del FMI para desatar los vínculos entre las antiguas cajas y los bancos, después de décadas en las que los poderes públicos controlaron estas entidades y empujaron al sector de las cajas a empacharse de ladrillo.
La amenaza de acabar como fundaciones
Si finalmente las cajas se ven obligadas a rebajar su posición de control en los bancos a los que traspasaron sus negocios, se produciría una nueva vuelta de tuerca en el sector, pues podría llevar aparejada su conversión en fundaciones. La pérdida de control se distribuiría durante varios años. El MoU establece que el Gobierno debería tener preparada una norma para el próximo mes de noviembre que permita "aclarar" la función de las cajas en su calidad de accionistas de bancos. Y explica que "en último término" se debería reducir su participación hasta una cota "no mayoritaria".
