Será el próximo octubre cuando la Junta de Accionistas de Indra ratificará a los vocales que recompondrán el Consejo de Administración de la compañía, tras la destitución de varios miembros de este órgano a principios del verano. Esta maniobra forma parte del plan del Gobierno para incrementar su control sobre la compañía, que quiere culminar con el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo.

Este directivo sustituyó a Fernando Abril-Martorell en mayo de 2021. Su designación no estuvo exenta de polémica, toda vez que Murtra guarda relación con el entorno del PSC. De hecho, fue jefe de gabinete (2006-2008) del exministro de Industria Joan Clos, además de director general de Red.es cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno.

Los consejeros cesados de Indra recelaron de la concesión de poderes ejecutivos al nuevo presidente y en todo momento argumentaron que lo hicieron para salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios, así como la independencia de la compañía.

Desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (25%) y desde Amber Capital -el fondo que planteó su destitución en la Junta de junio- se les acusó de haber dificultado durante varios meses el proceso de toma de decisiones en el grupo empresarial, de ahí que el fondo capitaneado por Joseph Oughourlian -principal accionista de Prisa- propusiera su cese.

Estos hechos fueron denunciados por los afectados -con el bufete Cremades & Calvo-Sotelo- y motivaron una reacción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, su presidente, Rodrigo Buenaventura, habló hace unos días de la necesidad de realizar una reforma legal para evitar acciones como la que impulsó el Ejecutivo en Indra.

Poder ejecutivo para Murtra

Fuentes del Consejo de la empresa de tecnológica tienen claro que, una vez remodelado este órgano, el Ejecutivo -le salga o no- intentará otorgar el puesto de primer ejecutivo a Murtra. Ahora bien, no parece que el terreno para lograrlo esté despejado. Entre otras cosas, porque Amber Capital considera que podría ocasionar a Indra un problema con la CNMV.

Esta entidad estadounidense se puso del lado del Ejecutivo -al igual que la compañía vasca SAPA Plalencia- en la Junta de Accionistas en la que los cinco consejeros fueron cesados. Dos meses después de esa reunión, el pasado viernes, Amber enviaba un hecho relevante a la CNMV en el que informaba de que el Consejo de Ministros le había dado luz verde para crecer hasta el 9,9% en su accionariado.

Entre los fondos de inversión minoritarios del grupo -explican desde el Consejo- existen dudas con respecto a que Murtra y el consejero delegado, Ignacio Mataix, sean las personas más idóneas para gestionar y revalorizar la compañía en este momento estratégico para las empresas europeas dedicadas a la defensa. Por esta razón, es previsible que accionistas como el propio Oughourlian se opongan al nombramiento del presidente como 'ejecutivo' del grupo.

De hecho, estos informantes dudan que la SEPI no prepare una alternativa a Murtra a la vista de la oposición de los fondos.

Durante los últimos meses se ha planteado en varias ocasiones la cuestión acerca de la postura que adoptará Amber Capital a partir de ahora en Indra. Desde el hedge fund, esperan tener un papel 'activo' en la compañía y defenderían una hipotética venta -la cual se ha debatido en el pasado- del negocio tecnológico de Indra, de modo que la compañía se centrara exclusivamente en el área de la defensa. Este último esperan que se relance en este momento de tensiones entre potencias y 'carrera armamentística'.

Sea como sea, todo lo que suceda en Indra durante los próximos meses será observado con lupa. De momento, la Asamblea de accionistas ratificará en octubre a los nuevos consejeros ( Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain), que se unirán en este órgano a otros vocales tan cercanos al PSOE como Miguel Sebastián, que representa los intereses de la SEPI.

Son varias ocasiones las que la oposición parlamentaria ha elevado la voz durante esta legislatura y la anterior por las maniobras del Ejecutivo para controlar las empresas de la SEPI (Correos, RTVE, Paradores...) y otras instituciones, así como para ganar influencia en empresas cotizadas como Prisa o la propia Indra. Esta última ha hecho saltar las alarmas en estamentos como la CNMV, cuyo presidente ha dudado públicamente de la estrategia del Ejecutivo sobre esta sociedad.

A este respecto, cabe recordar que Moncloa nombraba la semana pasada vocal del supervisor de los mercados a Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

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