Circular sin haber pasado la ITV supone una multa de 200 euros –100 con reducción si se paga en un plazo breve– y hacerlo sin el seguro obligatorio puede llegar a superar los 2.000 euros. Aun así, en España hay más de cinco millones de vehículos que circulan sin haber pasado la ITV y casi dos millones sin seguro, esto último especialmente relevante por las consecuencias incluso penales que pueden derivar de un accidente con víctimas mortales. Si se aplicase la sanción a todos ello, la recaudación superaría ampliamente los dos mil millones de euros
Son datos que maneja la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), para la que la seguridad vial y medioambiental son objetivos prioritarios que defiende desde sus orígenes. Una entidad que muestra una gran preocupación ante los datos de vehículos que están circulando por nuestras vías sin comprobar que su estado cumple las normas de seguridad vial y medioambiental estipuladas, y ante la facilidad con la que se vierten opiniones y comentarios sobre lo adecuado o no de las medidas temporales implantadas para garantizar la seguridad en carretera.
Solo a modo de ejemplo, se calcula que en el mes de septiembre no han realizado la correspondiente ITV el 67% de los vehículos que deberían hacerlo durante dicho mes, un total de 1.200.000 vehículos. Y es importante recordar que los vehículos cuya fecha de vencimiento de la ITV es posterior al 1 de Septiembre no disponen de ninguna prórroga por el efecto de la covid-19, por lo que los propietarios de los mismos deberían haber realizado su inspección en la fecha que indique la documentación del vehículo sin que haya duda sobre las fechas de aplicación de la misma.
En septiembre no realizaron la ITV el 67% de los vehículos que deberían hacerlo
Y todo esto a pesar de que, para dar la mejor atención a los usuarios y poder dar salida al colapso generado tras el estado de alarma, los operadores de ITV se han implicado al máximo durante este año en esta situación excepcional y han realizado un gran esfuerzo laboral y económico para incrementar la capacidad global de inspecciones en un 30%, y de forma muy significativa en aquellos vehículos con mayor riesgo potencial de daños personales, como son los autocares y vehículos comerciales y de mercancías, donde el incremento ha sido del 65% en la capacidad de inspecciones.
Este esfuerzo de los operadores debería de estar alineado con la responsabilidad de los ciudadanos de realizar la ITV de su vehículo en la fecha que le corresponde su vencimiento. Al no hacerlo se van a generar aglomeraciones y colapso en años próximos debido a la deslocalización y al exceso de inspecciones en determinados periodos, desalineándose de la capacidad existente y provocarán no poder ofrecer el servicio necesario a los ciudadanos y que los operadores de ITV se exigen.
En relación con la suspensión cautelar de la medida especial sobre la fecha de vencimiento de la ITV de los vehículos cuya inspección estaba prevista durante el Estado de Alarma, el Tribunal Supremo ha admitido la personación de AECA-ITV para defender el derecho de los ciudadanos a la seguridad vial y medioambiental, ya que esta asociación considera que una decisión futura alineada con las medidas cautelares hoy aplicadas sería totalmente negativa para el ciudadano y la seguridad en carretera.