Codere no tiene previsto cubrir el cargo de General Counsel, jefe de los servicios jurídicos del grupo, después de que en los dos últimos años el puesto haya sido abandonado por las tres personas contratadas para ello.
De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, el consejo de administración de la multinacional de juego decidió amortizar el puesto después de que Sebastián Cuenca, el último profesional al cargo, presentara su dimisión el pasado mes de marzo.
La salida de los responsables del área jurídica de Codere coincide con el periodo en el que los fondos que controlan la mayoría del capital de la empresa, liderados por la sociedad estadounidense Silverpoint, tomaran los mandos del grupo, tras desalojar de sus cargos a los anteriores presidente y vicepresidente, los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, en enero de 2018.
En marzo de 2018 abandonó la compañía David Jiménez, anterior jefe del área jurídica y que llevaba en el puesto más de cinco años. Le sustituyó Sagrario Fernández, quien decidió abandonar la compañía en septiembre de 2019. Codere incorporó entonces a Sebastián Cuenca, quien solo ha estado en el cargo seis meses.
Codere quiere destinar 18 millones de euros a dar cobertura jurídica a sus consejeros
La ausencia de un profesional responsable del área jurídica y también del área de compliance deja a Codere en una posición arriesgada a la hora de afrontar un conflicto penal. En el caso de ser admitida una querella contra el grupo como sociedad jurídica, el hecho de no disponer de un correcto sistema de compliance complicaría que la empresa no fuera imputada.
Junta y gasto millonario
Codere está incurriendo en los dos últimos años en gastos millonarios en abogados en parte debido a la guerra accionarial que mantienen los fundadores de la compañía, la familia Martínez Sampedro, y los fondos que poseen la mayoría del capital. Pero ese gasto aun puede ser mucho mayor.
Solo en 2018 los gastos de explotación de Codere alcanzaron los 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido "fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente", según el informe financiero anual de ese año.
El pasado mes de septiembre Codere otorgó blindaje jurídico a sus dos principales directivos -el director general Vicente Di Loreto y el director financiero Ángel Corzo- y a Lucia Sumalo, vicesecretaria del consejo, dos semanas antes de anunciar que había detectado un agujero de hasta 20 millones de euros en sus cuentas del primer semestre del año.
Esa decisión de Codere de blindar a sus dos principales directivos tuvo lugar poco después de que la anterior jefa del área de servicios jurídicos, Sagrario Fernández, decidiera abandonar el grupo.
La multinacional española celebra hoy viernes Junta General de Accionistas en la que se propondrá elevar de dos a 20 millones la remuneración máxima del principal órgano de gobierno de la sociedad. Los 18 millones extra tienen como objetivo dar cobertura jurídica de responsabilidad a los consejeros.
