El Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau busca a quién adjudicar la "colaboración privada" en la promoción de 4.554 viviendas de alquiler social, el proyecto estrella en la materia en la Ciudad Condal. De acuerdo al pliego de condiciones del concurso, el plazo máximo de presentación de propuestas definitivas vence el próximo 21 de diciembre, si bien el Ayuntamiento ya hizo una criba de solvencia en octubre.El presupuesto total de la licitación es de 160 millones de euros, y con IVA asciende a los 200, al cabo de seis años, según el pliego que ha podido consultar Vozpópuli. La adjudicación definitiva tendrá lugar antes de abril de 2021.A semanas de que venza el plazo de presentación de propuestas definitivas, han quedado tres postulantes de los que han pasado los filtros de solvencia financiera del Ayuntamiento. Dos de ellos están impulsados por fondos de inversión internacionales y el restante, por una aseguradora catalana.
Oaktre, Santander...o la Mutua
En concreto, entre los candidatos aparece un consorcio alrededor del Banco Sabadell impulsado por el fondo de capital riesgo Oaktre, el tipo de fondo que el Sindicato de Inquilinos cercano a Colau suele llamar "fondo buitre".Luego está la unión Cevasa-Neinor. La primera es una constructora especializada en VPO cuyo principal accionista es el Banco Santander (24%). La segunda es la principal promotora cotizada de España, fundada a través del fondo de capital riesgo Lone Star, y ahora con el fondo de inversión francés Orion como principal accionista (28%) y el israelí Adar (19%) como segundo.Finalmente está la empresa especializada en VPOs para alquiler Visoren, participada en un 36% por la Mutua de Propietarios de Barcelona, la más antigua de España. Visoren tenía 76 millones en activos y 138.000 euros de pérdidas a cierre del ejercicio 2019.
El socio privado aportará hasta 104 millones
El ganador del concurso se quedará con el 50% de la sociedad Habitatge Metròpolis Barcelona a cambio de una inversión que oscilará entre los 58 millones y los 104 millones de euros, en cinco años, dependiendo de la evolución de las circunstancias político-económicas.Se espera que la primera fase, de 640 viviendas, comience en 2021. Para ella se prevé una inyección privada fija de 12 millones de euros. El agente privado se beneficiará luego de rentas dentro de unos límites protegidos. La gestión se premiará con una retribución máxima del 4%.
