Convencido por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente del Gobierno entrega el Registro Civil a los registradores pese a la polémica que puede ocasionar. Ministerio de Justicia y registradores discuten en la actualidad el problema de su financiación y los costes para el usuario. Y todo ello abre una guerra encarnizada por el servidor informático que se utilizará, clave del negocio.
El presidente Rajoy y el ministro de Justicia han pactado qué hacer con el Registro Civil. A Rajoy el asunto le parecía un tanto escabroso, dada su relación con el gremio registral y el escándalo que puede provocar a las puertas de las elecciones europeas. Según fuentes consultadas próximas al Ministerio, el propio secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, prefería que se ocupasen de esa labor los secretarios judiciales.
Sin embargo, los secretarios habían reclamado a Gallardón que se impusiera una tasa por los servicios y que se les subiera el sueldo. De modo que el ministro al final ha logrado convencer a Rajoy de que así puede liberar recursos para atender mejor la justicia ordinaria.
La idea del ministro consistía en suprimir los costes que supone el Registro al tiempo que se retienen los funcionarios. Y ahora el problema reside en la financiación de este servicio, cuyos costes se estiman muy por encima de los 150 millones de euros anuales.
Aunque sigan siendo gratuitos el nacimiento y la defunción, que representan dos tercios de los servicios del Registro Civil, la propuesta que se baraja se basa en cobrar tasas por todo lo demás. “Que la financiación la pongan los usuarios en lugar de los contribuyentes”, explica una fuente conocedora de la negociación.
Otra clave de la reforma se halla en el sistema informático que se emplee. Los registradores defienden que se use el que ya tienen instalado en 150 oficinas. Pero éste se tendrá que decretar con una orden ministerial.
Pese a que se le ha prometido al decano del Colegio de los Registradores que podrán usar su propio servidor, existen muchos temores a que, bajo la coartada de la Seguridad Nacional, éste se brinde sin concurso a una alianza comandada por Microsoft. La pelea por el negocio de proveer la plataforma y la concepción del nuevo sistema registral está servida.
