El Juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid ha declarado en concurso necesario a Comapa 2001, empresa que hasta el pasado año lideró en España la distribución de jamones, y que fue el primer proveedor de Carrefour. La compañía ha sido investigada por vender presuntamente jamones polacos como si fueran de Granada.
El juez Andrés Sánchez Magro, en un auto fechado el pasado 27 de noviembre, designa como administrador concursal de la empresa a JL Ramos Fortea y Asociados, y llama a los acreedores a poner en conocimiento la existencia de sus créditos. El concurso ha sido instado por un acreedor, representado por el despacho Gesico, que el lunes declinó comentar esta información.
Comapa está controlada por el gigante catalán Vall Company, con ingresos anuales de 1.775 millones de euros, según informa en su web, y que cuenta con 5.500 "colaboradores"; y por Les Pedreres Grup Empresarial.
En 2017 Comapa disparó sus ingresos hasta los 451,7 millones y registró un beneficio de 18 millones de euros
La empresa se vio envuelta el pasado año en una serie de investigaciones judiciales en las que se trató de lograr pruebas de la reintroducción de jamones con fecha de consumo superada, o sobre presunta venta fraudulenta de jamones de cebo como si fueran de bellota, entre otros escándalos.
En 2017 Comapa alcanzó ingresos por importe de 451,7 millones de euros, frente a una cifra de negocio en 2016 de 340 millones, y cerró el año con beneficios de 18,1 millones (12,7 millones el año anterior). La compañía terminó el ejercicio 2017 con deudas con entidades de crédito por 94,8 millones de euros, según las cuentas a las que este diario ha accedido a través de Insight View.
Concurso necesario
El juez Sánchez Magro explica en el auto en el que declara en concurso necesario a Comapa que la empresa se opuso a la medida alegando que se había acogido previamente al artículo 5.bis de la Ley Concursal (preconcurso de acreedores), lo que en teoría le blindaba ante la solicitud de concurso frente a cualquier acreedor durante el periodo de tres o cuatro meses en los que negociaría convenio de pago con los acreedores.
Pero el juez indica que la comunicación del 5.bis la había llevado a cabo la empresa ante los juzgados en Granada, cuando su domicilio social y principal centro de intereses se encuentra en Madrid. Una mala comunicación por incorrecta elección de órgano sin competencia territorial no puede desplegar los efectos del preconcurso de acreedores, advierte.
La declaración de concurso necesario puede suponer la suspensión de las facultades de administración de la empresa concursada, así como la disposición de su patrimonio. En este caso, señala el juez, no se aprecian riesgos, y considera que es ventajoso para el proceso la mera intervención de las facultades del administrador. No obstante, Sánchez Magro emplaza a la administración concursal a que, cuanto antes, se pronuncie sobre si resulta procedente sustituir las facultades de la administración de Comapa.
