Las comunidades autónomas más prorrenovables han dado la batalla durante la legislatura que ahora termina contra las andanadas normativas del Gobierno del PP en el sector de las energías verdes.
Valencia, Murcia, Extremadura, Canarias, Galicia y Andalucía han recurrido ante el Tribunal Constitucional los recortes a la retribución a las renovables y han sido muy combativas.
Y ahora con el Real Decreto de Autoconsumo, aprobado en el Consejo de Ministros del 9 de octubre, algunas de ellas también han dado un paso al frente.
El Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, presentó la semana pasada un recurso ante el Tribunal Supremo impugnando el Real Decreto 900/2015, que regula el funcionamiento del autoconsumo en España.
La norma ha sido muy criticada por la mayoría de los partidos de la oposición y algunos de ellos se han comprometido a derogarla si llegan a gobernar
La norma ha sido muy criticada por todos los partidos de la oposición (algunos de ellos se han comprometido a derogarla si llegan a gobernar) y ya ha sido recurrida por la principales patronales solares y por algunos movimientos y plataformas ciudadanas.
El sector confía en que no sólo Aragón se enfrente al Real Decreto. Comunidades autónomas gobernadas por alianzas de izquierdas como Valencia y Extremadura, entre otras, sopesan poner en marcha iniciativas contra una norma que ha dado la puntilla a la generación de electricidad con placas solares en casas y empresas.
El llamado impuesto al sol o cargo que tendrían que desembolsar los hogares solares para poder verter su electricidad sobrante a la red es tan alto que desincentiva la puesta en marcha de cualquier instalación de este tipo.
Por eso las patronales Appa, Unef, Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y el sindicato CC.OO. han presentado recursos contencioso-administrativo ante el Supremo.
El Ejecutivo aragonés, por su parte, sostiene que la citada regulación nacional "vulnera los principios de la normativa comunitaria en materia de energía renovable e invade competencias autonómicas".
Además aduce un "conflicto competencial" por "impedir el desarrollo de una política propia por parte de la Comunidad de Aragón en materia energética, algo contemplado artículo 75.4 del Estatuto de Autonomía", concretamente en materia de energías renovables y en el apoyo a su producción.
