El Fondo Monetario Internacional ha instado al Gobierno a que suprima cuanto antes 2.700 barreras regulatorias, la mayor parte de ellas identificadas en las Comunidades Autónomas y con efectos negativos sobre la actividad.
De hecho, la cifra de cargas burocráticas mencionada por el FMI procede del Plan de Racionalización Normativa, cuyo primer informe lo elaboró el Ejecutivo de Rajoy en noviembre de 2013.
“Esto requiere múltiples acciones específicas en diversos frentes. Resulta particularmente relevante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, que busca eliminar las barreras que dificultan la creación de empresas y su actividad en las distintas Comunidades Autónomas”, afirma la institución sita en Washington en su Consulta del Artículo IV de 2014 con España.
Con la Ley de Unidad de Mercado, el departamento de Comercio liderado por Jaime García-Legaz ha ideado una reforma inteligente, que permite que una licencia o permiso aprobado en una Comunidad valga en todas las demás regiones, del mismo modo que funciona dentro de la UE. Y el ejemplo más manido era el de Cirsa, una compañía catalana de máquinas recreativas que antes tenía que fabricar 17 tragaperras para adaptarse a las distintas normativas.
Pero ahí no ha quedado la cosa. También se ha articulado un mecanismo por el cual una empresa podrá recurrir cualquier norma inferior a una ley que considere que atenta contra la unidad de mercado. Lo ha de hacer ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que a su vez podrá derogar la norma en el plazo de cinco días. De hecho, ya han acudido al organismo regulador 14 empresas. Y en algunos casos ni siquiera ha hecho falta abolir la normativa porque las CCAA o municipios las han arreglado motu proprio. Por no hablar de cuando simplemente se trataba de licitaciones que tenían que reformularse.
Sin embargo, la visión de algún alto cargo es todavía crítica con el statu quo: “La reforma que se ha hecho ha sido muy ingeniosa y bastante efectiva. Ha sido todo lo buena que se podía hacer sin tocar la Constitución. El problema más bien radica en que muchas de la reformas encallan en el entramado constitucional de las Autonomías, y no hay forma de llevarlas a buen puerto sin limitar sus competencias. Sólo para justificar 17 parlamentos la voracidad legislativa ha sido tremenda. El mejor ejemplo son los horarios comerciales, que se dejaron fuera de la reforma y que en Cataluña aún no se han tocado”.
Servicios profesionales
Y el otro asunto sobre el que ha incidido el FMI como un serio obstáculo para la competitividad ha sido la reforma de los colegios y servicios profesionales: “Es igualmente importante suprimir barreras regulatorias en los servicios profesionales y se debe remitir al Parlamento, sin más dilación, un texto legal ambicioso para su aprobación sin otorgar un trato especial a los intereses creados”.
En este capítulo, pese a haber sido exigida la reforma desde los primeros momentos por Bruselas, el Gobierno la continúa demorando, al considerarla una materia altamente explosiva para unos colectivos que suelen votarles y que además pueden presentar una oposición muy poderosa.
Más recaudación, quitas y flexibilidad laboral
Por lo demás, los representantes de la misión del FMI a España han explicado que las empresas grandes ya disponen de mecanismos suficientes para reestructurar sus deudas, pero no así las pequeñas. Y por ello han conminado al Ejecutivo a que establezca procesos de reestructuración más flexibles para las pymes, incluyendo quitas a las deudas con la Seguridad Social o Hacienda, hecho que en algunas instancias de la Administración no se contempla con tan malos ojos siempre que se cobre pronto una parte de lo adeudado.
“En comparación con sus pares europeos, España recauda mucho menos. Así que si quiere tener un Estado del Bienestar europeo debe recaudar más”, comentaba el jefe de la misión, James Daniel. ¿Y por qué se ingresa bastante menos? En opinión de Daniel, debido sobre todo a la gran cantidad de exenciones, reducciones y desgravaciones existentes en los impuestos. Por ejemplo, el IVA tiene un tipo del 21 igual que en la mayor parte de Europa, pero en España en cambio se aplican demasiadas reducciones del tipo según sectores y productos, lo que merma la recaudación.
Daniel también recomendó que se rebajen las cotizaciones sociales para los trabajadores menos cualificados, precisamente aquellos en los que el coste suele importar más a la hora de contratarlos o no.
Respecto a la moderación salarial, el economista del FMI también fue meridianamente claro: “Es normal que los españoles quieran salarios más altos y más empleo. Pero en un momento como éste hay que elegir entre sueldos más elevados o crear más puestos de trabajo”.
La institución presidida por Lagarde aboga además por reequilibrar la relación entre los contratos indefinidos con elevada protección y los contrates temporales precarios, lo que aumentaría la contratación indefinida.
En cuanto al BCE, los técnicos del FMI razonaron que la inflación era demasiado baja en el norte, y que eso impide a España recuperar competitividad. De ahí que se anime a Mario Draghi a intervenir.
