Lo extraordinario se volvió ordinario. También abusivo. La irrupción de la pandemia del coronavirus abrió las puertas a la adjudicación de 22.000 contratos públicos por vía de emergencia, un procedimiento que permite acortar los plazos en las licitaciones y llevarlas a cabo sin concurso público -a dedo, en términos coloquiales-. Gobierno y comunidades autónomas concedieron contratos al amparo de estos procedimientos por un valor total de 7.139 millones de euros. Todo ello bajo la descoordinación de un modelo unificado de datos, ausencia de información en muchas de las licitaciones y hasta una métrica diferente en los datos de los procedimientos.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de velar por la transparencia y legalidad en los contratos públicos, llega a estas conclusiones en su Informe de supervisión de los contratos tramitados por vía de emergencia. Se trata de un extenso documento en el que analiza todas las adjudicaciones de la administración pública, ya sea el Gobierno central o las comunidades autónomas. Como contó Vozpópuli, el órgano se encuentra bajo mínimo de personal, y con sus pocos recursos deben vigilar el cumplimiento de la legalidad en todos los contratos públicos. Entre ellos, los que se firmaron durante la pandemia.
Las diferentes administraciones firmaron contratos públicos mediante la vía de emergencia por valor de 7.139 millones de euros en su lucha contra el coronavirus; todo ello entre el 14 de marzo (inicio del estado de alarma) y el 31 de diciembre de 2020. Los de la Administración general del Estado fueron los más sustanciosos, alcanzando los 4.198 millones de euros. En el ámbito de las autonomías, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron las que desembolsaron más dinero público bajo este procedimiento, con 720, 658 y 337 millones, respectivamente.
Una cifra relevante si se tiene en cuenta lo sucedido en los dos años anteriores. En 2019, las administraciones invirtieron 51,2 millones de euros en contratos de emergencia y, según los datos del organismos adscrito al Ministerio de Hacienda, esta cifra se reduce hasta los 13,6 millones de euros en 2018. Es decir, los nueve meses de pandemia de 2020 ha provocado que se multiplique por mil el gasto en contratos tramitados por esta vía.
Y, en número de contratos, el coronavirus ha aumentado hasta los 22.372 contratos públicos por la vía de emergencia, frente a los 349 tramitados en 2018 y 2019. El 70% de estos contratos en la pandemia estaban relacionados con la compra de suministros.
El material sanitario (mascarillas, batas, guantes o respiradores) fue el principal reclamo en los primeros meses de pandemia con un mercado saturado y los proveedores concentrados en China. Un escenario que provocó compras de material defectuoso, proveedores opacos y errores administrativos durante la primera hora de la pandemia.
Un 'boom' de contratos en verano
En verano, las administraciones decidieron dar un paso adelante y crear grandes partidas presupuestarias para atender a la emergencia. Como explica el informe, en los meses de agosto y septiembre de 2020, se aumentó el gasto de las tramitaciones por vía de emergencia como consecuencia de los llamados 'Acuerdos Marco' para la compra de material sanitario.
La Administración General del Estado, en representación de todas las comunidades, anunció en la Plataforma de Contratación un Acuerdo Marco de 2.578 millones de euros para la compra de material sanitario. La Comunidad Valenciana, que fue la única que decidió salir al mercado de forma independiente, lanzaba simultáneamente su partida valorada en 239 millones de euros.
OIRESCON matiza que ambos procesos lanzados en verano no fueron un "gasto inmediato", aunque sí se registraron en los meses de agosto y septiembre. Estos presupuestos se adjudican mediante un procedimiento denominado 'negociado sin publicidad', que elige a dedo a un grupo limitado de candidatos para ejecutar el contrato público.
El desembolso público vinculado a esas partidas se ha ido efectuando meses después. Como informó Vozpópuli, el 'megacontrato' del Ministerio de Sanidad no se cerró hasta el arranque de 2021 y el Acuerdo Marco de la Comunidad Valenciana se encuentra todavía en espera de resolución.
