El gasto farmacéutico con receta de la Seguridad Social cayó un 12 por ciento en 2012 y se colocó en los 9.770 millones de euros. En 2013, descendió otro 5 por ciento adicional. Unos ahorros fruto de las medidas adoptadas en el Real Decreto sanitario de abril de 2012, como por ejemplo el llamado medicamentazo que excluía de la financiación pública unos 400 fármacos. Pero tras dos años de caídas, el desembolso en las recetas de medicamentos ha vuelto a subir y repunta en 179 millones para situarse en los 9.362 millones anuales, un encarecimiento del orden del 2 por ciento que se justifica por las presiones que el envejecimiento de la población supone para el gasto. No en vano, se calcula que todos los años se añaden unos 100.000 nuevos jubilados a la nómina de las pensiones.
En el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, el Gobierno reconoce que esta partida vuelve a repuntar y comunica a la UE que está ultimando nuevas medidas para embridar el gasto sanitario en general, tal y como le exige el Consejo Europeo en sus recomendaciones. En total, el Ejecutivo de Rajoy cifra el nuevo ajuste de gasto sanitario que las Comunidades deben aplicar en unos 1.731 millones de euros entre 2015 y 2018, una herencia con la que tendrán que copar los próximos gobiernos autonómicos que salgan victoriosos de las urnas y que se detallará en una nueva modificación de la Ley General de Sanidad.
De esos 1.731 millones, 310 millones se obtendrán gracias a la compra centralizada de medicamentos. Y otros 1.421 millones se conseguirán a fuerza de tomar nuevas medidas en materia de farmacia y productos sanitarios. Es más, el Ejecutivo menciona que en julio de 2014 se consensuó un catálogo de medidas que las Comunidades podrían aplicar. El objetivo es contener la tendencia orgánica al alza de la partida de gasto en Sanidad, que en la actualidad asciende al entorno de los 65.000 millones de euros y que ha disminuido en casi 10.000 millones entre 2009 y 2013.
Además, el Gobierno negocia con las Comunidades y las patronales del sector la creación de un fondo de liquidez autonómico para gasto sanitario que según algunas fuentes podría rondar los 1.000 millones de euros. Todas salvo cuatro Comunidades -Pais Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias- ya se han apuntado a este nuevo instrumento de financiación de Hacienda. Y al igual que el FLA, el uso de estos préstamos con interés cero durante 10 años conllevaría condiciones como que las Autonomías detallen mensualmente sus desembolsos en Sanidad. Los gobiernos regionales también tendrían que comprometerse a no superar una tasa crecimiento del gasto sanitario en relación a la tasa media de crecimiento del PIB y que el Ministerio de Economía estima en un 1,4% en 2015 y un 1,6% en 2016.
De adherirse al fondo y no cumplir con ese techo de gasto, el gobierno autonómico tendría que sentarse con el central y discutir la toma de medidas, probablemente basadas en el catálogo acordado en julio de 2014 que en principio contempla cosas como nuevos copagos o cuantías mínimas por la expedición de medicamentos. Además, las CCAA tampoco podrían financiar su cartera de servicios complementaria o prestar servicios distintos de la cartera común del Sistema de Salud, como por ejemplo la financiación de prótesis o el transporte sanitario no urgente. A su vez, las patronales del sector se comprometen a evaluar junto al Gobierno la evolución del gasto y tomar medidas en caso de que éste se desboque.
No obstante, la Autoridad Fiscal Independiente ha advertido en su informe sobre el Plan de Estabilidad de que las medidas de racionalización del gasto sanitario todavía están pendientes de concretar. Hay dudas sobre si de verdad conseguirá los efectos económicos estimados, sostiene la Airef.
La nueva batería de reformas se añadiría a la aprobada en abril de 2012 y que según el Gobierno ha aportado unos ahorros por valor de 6.929 millones de euros, de los cuales 4.314 millones se achacan al ajuste del gasto público en farmacia. Entre estas medidas se incluyó el medicamentazo, la introducción de criterios coste-efectividad en las decisiones de financiación, un sistema de precios, la revisión de la cartera de servicios asistenciales, el copago en las prestaciones ambulatorias y en la cartera de servicios complementaria o el fomento de los genéricos, entre otras.
En el caso del consumo de genéricos, éste ha repuntado en 2013 al 46 por cierto de los medicamentos frente al 34 por ciento registrado en 2011, un incremento considerable pero todavía lejos de la media europea situada en el 55 por ciento. Y en lo que respecta al número de recetas dispensadas, éste disminuyó un 6 por ciento en 2013 pero ha vuelto a elevarse un 1 por ciento en 2014.
En las próximas semanas, se espera que Hacienda concluya las negociaciones con las patronales del sector, de forma que se pueda suscribir el nuevo protocolo de actuaciones antes de final de mes. Entre ellas se habla también de reforzar el seguimiento de los pacientes crónicos o que toman diversos medicamentos, la vigilancia de quienes prescriban demasiadas medicinas o el aprovechamiento de las prescripciones de fármacos más eficientes.
