En pleno estado de alarma, Correos podría dejar de prestar el servicio de comunicaciones postales y telegráficas que tiene encomendado en toda España a partir del próximo 15 de abril, si para entonces no ha logrado contratar a una empresa de seguridad para atender sus instalaciones en 31 provincias (el 62% del territorio).
Así lo ha manifestado la compañía estatal en una nota interna emitida ayer por su Dirección Financiera y de Expansión, en la que advierte de la imposibilidad de “garantizar la seguridad de la red postal, de nuestras instalaciones, y de los envíos que reciben nuestros clientes en sus domicilios, al no poderse prestar el servicio de inspección de correspondencia”.
Tan llamativa circunstancia está directamente relacionada con los avatares por los que atraviesa la empresa de seguridad Ombuds, actual adjudicataria del servicio de seguridad de las instalaciones de Correos, que desde el pasado mes de agosto se encuentra en situación concursal.
Correos había iniciado la contratación de una nueva empresa de servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia, al punto de que el expediente correspondiente se encontraba en fase de presentación de solicitud de participación, con fecha final en el pasado 23 de marzo. Ocurre, sin embargo, que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha obligado a la suspensión con carácter general de todos los procedimientos que tramitan las entidades del sector público.
De no encontrar Correos otra compañía de seguridad antes del 15 de abril, sus instalaciones quedarían sin vigilantes de seguridad
Ombuds, a través de su Consejero Delegado y del propio Administrador Concursal ha informado de la imposibilidad de mantener el servicio más allá del 1 de mayo, por lo que de no encontrar Correos otra compañía de seguridad mediante el mencionado expediente antes del 15 de abril, sus instalaciones quedarían sin vigilantes de seguridad.
Aunque la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 admite expresamente excepciones a la suspensión de los procedimientos públicos, en base a lo cual Correos había decidido continuar con el expediente de contratación, es muy probable que el concurso quede desierto. Como adelantó Vozpopuli el pasado 28 de enero, el impago de salarios y seguridad social que Ombuds mantiene con sus trabajadores desde el pasado mes de junio hace casi imposible que, tras la doctrina establecida por una sentencia del Tribunal Supremo en 2018, otras empresas del sector quieran hacerse cargo de los servicios que hasta ahora prestaba aquella como contratista, caso de Metro de Madrid, EMT, Ayuntamiento de Fuenlabrada, Centros Penitenciarios y el ya citado de Correos.
También problemas de Metro de Madrid
La situación provocada por la liquidación de Ombuds podría ser aún más dramática en Metro de Madrid, un servicio esencial cuya seguridad podría quedar considerablemente mermada en los próximos días y en pleno estado de alarma, si no se toman medidas urgentes por parte de la Consejería de Transportes dependiente de la Comunidad de Madrid.
Los vigilantes de la compañía Ombuds que trabajan en dos Líneas del suburbano se encuentran en la misma situación que sus compañeros de Correos, con el agravante de que en este caso no se ha llevado a cabo ningún concurso de urgencia para la contratación de otra empresa, a pesar de que la precaria situación de Ombuds es conocida por los responsables del Metro desde el mes de agosto del año pasado.
Según fuentes de la representación sindical, la compañía metropolitana adeuda a la contrata el pago de las últimas seis facturas, correspondientes a los servicios prestados desde el mes de septiembre del pasado año. “La situación es insostenible desde hace meses y en estos días tan difíciles, en los que nos vemos obligados a ir a trabajar poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestros familiares, aún más, puesto que ni siquiera sabemos si vamos a estar en la calle dentro de unos días”.
Tal situación de incertidumbre que afecta nada menos que a 1.800 trabajadores de la compañía Ombuds, presentes en multitud de servicios dependientes de la administración pública del todo el país. Y en un momento tan complicado como el actual estado de alarma.
