El artículo 155 no acaba en las urnas como dicen los independentistas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, seguirá controlando las cuentas catalanas al menos hasta que se forme gobierno en la comunidad autónoma. De hecho, Hacienda podría incluso mantener la tutela económica de la región si el nuevo Govern no está dispuesto a acatar la Constitución.
Montoro cogió definitivamente las riendas de la estructura económica y financiera de la Generalitat a finales de octubre, cuando se aprobó el artículo 155 para frenar el proceso independentista. Y no las soltará hasta que se forme gobierno y se proceda al traspaso de carteras.
En realidad Montoro ya había intervenido las cuentas a mediados de septiembre, cuando el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se negó a enviar a Hacienda informes semanales de sus pagos. Por aquel entonces asumió el pago de los servicios esenciales a través del sistema de financiación, como la nómina de los funcionarios o el coste de la sanidad y de la educación, entre otras cosas.
Pero en octubre, con la aprobación definitiva del 155 después de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia, el ministro cogió también las riendas de la recaudación de los impuestos propios y asumió así toda la estructura económica y financiera de la comunidad.
Montoro manda
Ahora mismo, Montoro maneja las tres secretarías técnicas, las 14 direcciones generales y las siete delegaciones territoriales que dependen de la conselleria de Economía. También gestiona la Intervención General de Cataluña, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT).
Si los independentistas forman gobierno y se comprometen a acatar la Constitución, el ministro dejará de estar al mando de las cuentas de la Generalitat cuando se deje de aplicar el artículo 155, los nuevos miembros del Govern juren o prometan sus cargos y se haga el traspaso de carteras.
Si el nuevo Govern vuelve a las andadas, Hacienda podría hacerse otra vez con el control de las cuentas
Pero si las cosas vuelven a torcerse, el Gobierno podría mantener la intervención económica de la comunidad a pesar de que dejara de aplicarse el 155. O podría volver a activar el artículo de la Constitución para controlar totalmente a la comunidad. Así lo explicó hace menos de un mes el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que dijo que la intervención económica acabará cuando quede verificado que los recursos públicos no se destinan a fines ilegales.
Y es que, tal y como dijo Millo, el Estado tiene la obligación de garantizar que los recursos públicos se gastan correctamente, independientemente del signo político del nuevo ejecutivo catalán. Así la supresión de la intervención dependerá, sobre todo, del posicionamiento del nuevo Govern.
