El anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que prevé la creación de esta autoridad fiscal pasará al Consejo de Estado, después se convertirá en proyecto de ley y, por último, verá una tramitación parlamentaria que, como mínimo, durará tres meses. Hasta el otoño, pues, no estará a pleno rendimiento, a pesar de las prisas que Bruselas le ha metido al Gobierno para su creación.
En el Gobierno se pone como ejemplo de inversión no rentable las radiales de Madrid, que al final terminarán siendo rescatadas con dinero público
Esta especie de ‘policía fiscal’ tendrá amplias competencias, desde la elaboración de previsiones macroeconómicas que compitan con las de los servicios de estudio de los grandes bancos, hasta el seguimiento puntual de la ejecución presupuestaria en las tres administraciones, pasando por la elaboración de informes periódicos sobre los programas de estabilidad que el Ejecutivo remita a Bruselas. Según fuentes gubernamentales, este organismo tendrá una utilidad más, la de servir de filtro para los grandes proyectos de inversión de dudosa rentabilidad que puedan diseñar comunidades y ayuntamientos en cualquier sitio de España. Como ejemplo, esta fuente pone el penoso negocio de las carreteras radiales de Madrid, que terminarán siendo rescatadas por el Estado con el dinero de todos los contribuyentes.
El interés del ministro Cristóbal Montoro pasa por convertir este organismo en un centro tan prestigioso como el Instituto Nacional de Estadística, independiente, aunque el nombramiento de su presidente dependerá de Hacienda y el de sus directores de área del Consejo de Ministros. El presidente pasará por un examen parlamentario y tendrá un mandato de tres años, prorrogable por otros tres, para garantizar que su autoridad se extiende más allá de una legislatura.
La autoridad fiscal dará a Bruselas mayores garantías de que no volverá a producirse un déficit oculto como el que heredó Mariano Rajoy del anterior Gobierno
La creación de este organismo deriva de las exigencias del memorándum que hizo posible el rescate de los 40.000 millones de euros a la banca. La Comisión Europea trabaja con el argumento de que es necesario “controlar al controlador”, a pesar de la vigilancia que Hacienda ha establecido sobre las cuentas de la administración central, las comunidades y los ayuntamientos para garantizar que estas tres instancias respetan la ley de Estabilidad presupuestaria y no dan los sustos de hace solo dos años, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy heredó un déficit oculto de 30.000 millones de euros, en buena parte procedente de los desfases en las cuentas de los gobiernos regionales.
La supervisión de esta ‘policía fiscal’ será global y afectará, por tanto, a todo el sector público empresarial, una madeja en la que siguen funcionando cerca de 4.000 sociedades.
Los informes de esta autoridad fiscal serán preceptivos, no vinculantes, de forma que si los gobiernos regionales o municipales a los que van dirigidos se apartan del criterio que emana de los expertos, deberán motivarlo.
