El incesante cambio regulatorio que afecta a la banca española no hace más que abrir nuevas obligaciones que le impide atender su verdadero objetivo: la recuperación del crédito para la economía real. A la exigencia del Banco de España de reclasificar con más dureza sus préstamos refinanciados, el impacto que tendrá la eliminación de las cláusulas suelo mal comercializadas o las consecuencias de la próxima monitorización de la Troika, tras el verano, al sector financiero nacional se une la entrada en vigor en 2014 de una nueva normativa de Basilea III que puede generar un agujero de capital para la banca española de 50.000 millones en los próximos diez años.
Esta nueva norma rebajará notablemente el nivel de capital principal, el conocido como core capital, de la banca española al descontar los activos fiscales diferidos de sus balances. Estas ventajas fiscales funcionan como una especie de esquema de protección de activos por el que las entidades reducen su carga impositiva en caso de que aparezcan pérdidas si pueden compensarlos con beneficios futuros. Es decir, se dejan de pagar impuestos por las pérdidas siempre que la entidad tenga capacidad de generar ganancias en siguientes ejercicios.
La banca española ha trasladado al Gobierno su preocupación por la entrada en vigor de esta nueva medida que tendrá un impacto claro en sus niveles de solvencia. La mayoría de las entidades superan actualmente el 9% de core capital, en parte, por esta bolsa de 50.000 millones de activos fiscales diferidos que aparecen apuntados en sus balances.
Desde hace pocas semanas, el sector financiero, a través de sus dos patronales AEB y CECA, negocian con Hacienda un cambio fiscal que minimice esta pérdida de capital. Los representantes de la banca han efectuado varias propuestas que están siendo evaluadas por la secretaría del ministerio que dirige Cristóbal Montoro.
Por una parte, las entidades han solicitado la opción del ‘carry back’ fiscal, legislación que se aplica en otros países como Reino Unido o Alemania. Esta solución opera de cara al pasado, permitiendo a las entidades, en caso de tener pérdidas, no pagar impuestos ya que se descuentan de las tasas pagadas en pasados ejercicios con beneficios. “Es complicado que esta solución pueda salir adelante puesto que generaría un descuadre a Hacienda no sólo en el ejercicio en el que hay pérdidas sino en la recaudación de los años anteriores”, admiten fuentes gubernamentales.
Las patronales AEB y CECA negocian con la Secretaría de Hacienda una solución para que las entidades no rebajen su nivel de solvencia y se vean discriminadas frente a la banca europea
Otra de las soluciones que se están explorando es la concesión de un aval por parte del Estado de esta bolsa de activos fiscales para que no se reste solvencia de las entidades.
En la actualidad, Santander (17.000 millones), Bankia (9.000 millones) y BBVA (7.800 millones) son las entidades con más activos fiscales en sus balances. Les siguen Sabadell (4.800 millones), Caixabank (4.500 millones) y Popular (3.300 millones).
“Montoro tenía intención de limitar los créditos fiscales antes incluso de que se aprobase esta norma. El deterioro de la economía, que está dejando el negocio en mínimos, junto a todos los cambios regulatorios va a castigar mucho las cuentas de resultados de este año en España. Muchas entidades registrarán pérdidas de nuevo. Además, las fusiones y adquisiciones del pasado reciente ha aumentado el número de entidades que tienen derecho a reducir sus pagos a Hacienda. El Estado, en estos momentos, necesita recaudar por lo que ya se nos había insinuado que podía poner límite a la activación de los créditos fiscales”, explican varias fuentes del sector.
El pasado ejercicio, según el informe de estabilidad del Banco de España, la banca española activó casi 10.000 millones en créditos fiscales (Hacienda dejó de ingresar esa cantidad) que se compensarán con los beneficios de los próximos 18 años. Así, las entidades de depósito registraron unas pérdidas antes de impuestos de 62.278 millones de euros en 2012, que se vieron reducidas hasta los 52.889 millones después de impuestos.
Los 9.389 millones de euros que Hacienda permitió aplazar el año pasado equivalen a casi un punto del PIB, por lo que, de no haberse concedido estos créditos fiscales, el déficit habría podido bajar en esta cuantía.
Las normas de Hacienda permitieron a Bankia reducir sus pérdidas en 3.237 millones; al Popular en 1.030 millones, pasando de 3.491 a 2.461 millones de euros. CaixaBank, por su parte, recibió 438 millones, que permitieron que su resultado fuera positivo, de 273 millones, en lugar de arrojar unas pérdidas de 165.
