A pesar de su juventud, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), ha ganado visibilidad como secretario general del Tesoro desde 2021, un puesto que supone ser casi el número dos, por delante del secretario de Estado de Economía, por sus responsabilidades y por ser quien dirige la negociación en Bruselas. Y es en la Presidencia española de la UE donde ha culminado su proyección, al ser el encargado de acordar con el resto de Estados miembros el expediente más importante que le ha tocado al semestre español: las reglas fiscales.

Cuerpo, que además gestionaba la deuda pública, heredará así las nuevas reglas que ha negociado tras su paralización durante la pandemia, y que obligan a España a un recorte anual de 14.000 millones de deuda y 7.000 de déficit en una legislatura en la que las exigencias de los socios de Pedro Sánchez van a ser clave. Con todo, su entrada en vigor no será inmediata y el aterrizaje del nuevo ministro para 2024 se prevé más suave de lo que cabría esperar, con una Comisión Europea de salida. Eso sí, en 2024 el ajuste debe ser ya de más de 10.000 millones en el déficit, de cerca de 15.000, para cumplir con el 3% comprometido.

Sin embargo, tanto Pedro Sánchez como Cuerpo han hecho declaraciones insistiendo en el compromiso con la ortodoxia fiscal. Y es que la degradación que sufre el Ministerio de Economía, que pierde toda Vicepresidencia, no sólo la primera, que pasa a Hacienda, y la juventud y perfil técnico del nuevo ministro de Economía a la hora de enfrentarse con María Jesús Montero -con la que también deberá gestionar los fondos del Plan de Recuperación- y, especialmente, Yolanda Díaz y el resto de socios, han hecho saltar las alarmas en inversores, empresas y mercados.

En una reciente entrevista en Cinco Días, Cuerpo ha defendido que la condonación de la deuda a Cataluña "contribuye a la sostenibilidad de la deuda del Estado", unas declaraciones en las que empieza a mostrar un perfil político, con un sesgo discutido entre los expertos en financiación autonómica. Y por parte de los mercados, que aunque conscientes de que la posición de la deuda global de España no cambia con esta operación, sí alertan del riesgo moral.

En este escenario, en su discurso en la ceremonia de traspaso de cartera, Cuerpo ha subrayado que hay que proseguir la senda de bajar el déficit y la deuda, y ha afirmado que "hay que hacerlo de forma creíble y decidida".

Las nuevas reglas

En la negociación de las reglas fiscales, Cuerpo ha tenido que dejar hacer a Alemania y Francia, según reconoció expresamente la propia Calviño entonces inmersa en su carrera a la Presidencia del BEI, para la que necesitaba el voto del eje francoalemán.

Finalmente, se han mantenido los límites del 3% del PIB en el déficit y del 60% en la deuda. El acuerdo incluye salvaguardas con umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de un punto porcentual de la ratio de deuda para países con deuda superior al 90% y 0,5% para los que estén entre 60% y 90%, y un recorte del déficit del 0,5%, y vincular el gasto público neto a la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo. 

Detrás de estas exigencias, que para España suponen el ajuste de 14.000 y 7.000 millones citado, ha estado Alemania.

El acuerdo incluye un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3% en el brazo preventivo, un ajuste que deberá ser de al menos 0,4 puntos de déficit estructural primario al año (sin incluir los intereses de la deuda, que logró Francia), que para España supondrían un recorte de cerca de 5.400 millones. Si el plan de ajuste es a siete años, el ajuste se reduciría a 0,25 puntos, unos 3.400 millones para España.

Periodo transitorio y Comisión de salida

El Gobierno asegura que logrará un déficit del 3% en 2024 y ha anunciado un ajuste de tres décimas en 2025, al 2,7%, y de dos en 2026, hasta el 2,5%. Afirmó en abril que la ratio deuda/PIB sería inferior al 110% en 2024, un año antes de lo previsto, y espera que 2023 cierre en el 108,1% y en 2024, en el 106,3%.

Las reglas contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión que ha promocionado Francia.

Una vez alcanzado el acuerdo político, comienzan los debates en trílogos, en los que participan el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento relativo a las armas preventivas se inician en enero.

El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025.

Los Presupuestos de 2024, que el Gobierno pretende aprobar antes de abril, son la primera prueba de cómo se prepara España ante la llegada de las reglas, y ya en primavera deberá someterse al escrutinio de la Comisión Europea y remitir a Bruselas su Programa de Estabilidad, en el que mostrará sus planes para 2025 y más adelante. Pero lo hará con una Comisión de salida ante las elecciones que se celebran en junio.

A la vuelta del verano, deberían tramitarse los Presupuestos de 2025, ya con una nueva Comisión y reglas operativas en lo que se perfila como la prueba de fuego para Cuerpo.

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