Todo apunta a que el Gobierno será capaz de dejar el déficit público en el 4,6% pactado con Bruselas. Pero si miramos a cada uno de los subsectores que componen la administración, las cosas no están tan claras. Parece que las comunidades sí llegarán al 0,7%, que los ayuntamientos acabarán en superávit y que la Seguridad Social se anotará el mayor desfase de su historia, un 1,7% del PIB. Hasta ahí, todo el mundo está de acuerdo, pero al analizar la situación de la Administración Central, las cosas se complican.
En el primer plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas a mediados de octubre, se fijó un desfase del 2,6% para el Estado, incluyendo ya los últimos cambios en el Impuesto de Sociedades, que van a aportar a las arcas del Estado nada más y nada menos que unos 9.000 millones. Además, se esperaba que los Ayuntamientos volviesen a registrar un superávit del 0,4% y que las comunidades fueran capaces de reducir su saldo al 0,3%.
Así figura en este cuadro que formaba parte de la documentación enviada a la Comisión Europea cuando el Gobierno aún estaba en funciones. En ella también se detallaban ya las principales líneas de la política económica de 2017, a pesar de que no se hubiera despejado el panorama político. Y junto a esta documentación, se envió además una explicación de las medidas específicas destinadas a contener el déficit en 2016, que se aprobaron el 30 de septiembre.
Pero las cosas cambiaron. Hacienda se dio cuenta de que los ayuntamientos no iban tan bien como se esperaba y que las comunidades necesitaban algo más de margen. Así que modificó estas cifras en la actualización del plan del mes de diciembre. Solo la Seguridad Social mantuvo el desfase del 1,7% que se había planteado dos meses antes, que además será el mayor de su historia.
Con el cambio, el Estado pasó a contar con un objetivo del 2,2%, cuatro décimas más ambicioso, los ayuntamientos salieron del superávit para acabar el año en equilibrio y las comunidades podrían dejar su desfase en el 0,7%, cuatro décimas más de lo previsto inicialmente. Esto son los objetivos definitivos que posteriormente pasaron por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el Consejo de Ministros y por el Congreso de los Diputados. Y que han quedado finalmente aprobados.
¿Cuál es el problema? Que parece difícil que el Estado pueda llegar a ese 2,2%. De hecho, el Gobierno comunicó una cifra superior en la última notificación sobre el déficit enviada a Bruselas cuando ya se había despejado la investidura. En ese documento, el Gobierno reconocía que el Estado acabaría con el 2,6% que se había fijado inicialmente, a pesar de ya contemplaba el desfase del 0,7% en el caso de las comunidades. Y de hecho las cifras no sorprenden, porque el déficit del Estado se disparó un 21% en noviembre y se situó ya en el 2,3%, por encima del objetivo de todo el año.
¿Cómo puede ser que a pesar de este desfase entre las cifras se cumpla con el 4,6%? Porque aunque los ayuntamientos van peor que otros años, sí parece posible que acaben el año con superávit y no en equilibrio, lo que permitiría compensar el desvío de la Administración Central. En la comunicación a Bruselas, que se envió a finales de octubre o principios de noviembre, el Gobierno seguía confiando en obtener un superávit de 4.500 millones.
Y las cifras que publicó este martes a Hacienda invitan al optimismo. En el tercer trimestre, las entidades locales seguían anotándose un superávit del 0,5%, la misma cifra que se obtuvo al cierre de 2015. Así que todo apunta a que los ayuntamientos permitirán que el Gobierno cumpla sus compromisos presupuestarios por primera vez desde 2010.
El 4,6%, prácticamente garantizado
Y así lo cree también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que reconoce que el superávit de los ayuntamientos, que ha supuesto un gran colchón para el resto de las administraciones durante estos años, se va a ir reduciendo poco a poco. Pero seguirá en el 0,4% al cierre de 2016 y bajará al 0,3% el año que viene. Es decir, que seguirán saneando sus cuentas, pero a un ritmo algo menor.
En definitiva, que el Estado difícilmente podrá cumplir con el 2,2%, a pesar del extra de recaudación que aportarán los cambios en Sociedades. Pero lo cierto no será un problema mayor, porque el objetivo verdaderamente importante, el del 4,6% que exigen las autoridades comunitarias y que miran con lupa desde Bruselas, está prácticamente garantizado. Hoy en día ningún analista pone en duda esa cifra.
