La ofensiva de banca y energéticas contra los impuestos creados ad hominen en julio de 2022 ha alcanzado su cota máxima en los últimos días para intentar que mueran el 31 de diciembre como prevé la ley que los desarrolla. Liderados por las energéticas y en primer lugar por Repsol y Josu Jon Imaz, el lobby empresarial ha hecho correr ríos de tinta. Empresas y expertos advirtieron desde el principio de que los gravámenes tendrían efecto en el crédito y en el precio de los carburantes, además de detraer inversiones. Este otoño, han puesto toda la carne en el asador y han incrementado la amenaza que ya hicieran hace justo un año de llevarse inversiones al extranjero. Todo esto puede afectar a la economía española y a los ciudadanos, pero lo cierto es que estos impuestos sólo tienen 19 contribuyentes: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona, Repsol, Cepsa, BP, Galp y Disa.
Este miércoles ha acabado el plazo de registro de las enmiendas en el Congreso al Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para multinacionales, norma que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025. Aquí pretendía el Gobierno hacer permanentes los impuestos. Finalmente ha renunciado a que siga el de energéticas por la negativa de Junts y asegura que tiene pactado que sí permanezca el de banca durante tres años. La presión de Junts y PNV y la debilidad de Sumar tras la caída en desgracia de Íñigo Errejón han marcado la negociación. Este culebrón ha tapado el resto de subidas de impuestos que prepara el Ejecutivo, especialmente la más importante y masiva, la del impuesto de hidrocarburos para equiparar el diésel a la gasolina, que afecta a cerca de 14 millones de ciudadanos y especialmente a clases medias y trabajadoras, según el parque de motores diésel.
Se trata de una subida que iba en el programa del PSOE que empezó a mover Pedro Sánchez desde 2017 cuando preparaba la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero que luego su Gobierno no se ha atrevido a realizar. Cuando se preguntaba a sus ministros por ella se palpaba el pánico, con la acometida contra Emmanuel Macron en Francia que lideraron los chalecos amarillos desde octubre de 2018 muy presente.
Pues bien, sin que se haya generado mucho eco, el Grupo Socialista ha introducido en una enmienda una subida del impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro (el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros) para equipararlo al de la gasolina, una medida que no aplicará a los profesionales.
En realidad, la subida será de 11,33 céntimos el litro porque el impuesto especial forma parte de la base del IVA. Los carburantes llevan IVA al 21%, que gira sobre el precio total, Impuestos Especiales incluidos.
El texto prevé que el tipo general del impuesto baje a 0,35 euros por litro cuando el precio del gasóleo supere durante dos meses consecutivos los dos euros el litro y el precio medio del barril de Brent en el segundo de esos meses sea más alto que el primero.
De salir adelante esta enmienda, a partir del 1 de abril de 2025, el gasóleo de automoción pagará en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial), igual que la gasolina, en lugar de los 0,379 euros por litro actuales (0,307 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial).
El quinto pago de fondos europeos
El Gobierno intentó ya equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina en los Presupuestos de 2021, como reclama Bruselas, pero la medida fue rechazada por la oposición del PNV. Los expertos que asesoraron a Hacienda para la reforma fiscal también lo pidieron, junto con una batería de subidas de impuestos verdes de más de 15.000 millones de euros.
El pasado 29 de enero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en el Congreso que pretendía avanzar en la "imposición verde para impulsar la transición energética", ante la proximidad del quinto pago de fondos europeos.
El Componente 28 del Plan de Recuperación "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023". La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.
El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes".
La Comisión Europea se ha mostrado flexible y pasó de puntillas por compromisos incumplidos sobre fiscalidad verde en el tercer pago, que otorgó en su totalidad. Sin embargo, la consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal, ya publicó un artículo en el informe de enero España 2024. Un año por delante de EY Insights en el que solicitaba a España "una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo" y reclamaba "la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales".
El impuesto a la banca sigue tres años
El impuesto a la banca seguirá tres años, convertido ya en impuesto en términos técnicos, lo que obligará a suavizarlo, ya que deberá deducirse en Sociedades. Y podrá concertarse con el País Vasco para que haga lo que quiera con esta figura. El PSOE pretende que grave entre un 1% y un 6% en función de la base liquidable el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España. Además, se establece una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad.
Esta nueva configuración afectará a todas las entidades, que serán gravadas un 1% en su margen de hasta 750 millones de euros; un 3,5% de entre 750 y 1.500 millones; un 4,8% entre 1.500 y 3.000 millones, y un 6% desde 3.000 millones.
La desaparición del impuesto a energéticas, cuya permanencia el Gobierno ha prometido a Bruselas en el plan fiscal que le ha remitido el 15 de octubre, supone una pérdida de 1.500 millones al año. A la espera de ver cómo justifica esta merma en los ingresos, de momento Hacienda tampoco ha activado una subida de Sucesiones en una especie de impuesto a grandes herencias que calque el de de grandes fortunas que en junio admitió que estaba encima de la mesa.
En otras enmienfas, el PSOE también quiere subir el IRPF a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros un punto, del 28% al 29% y crear un impuesto a los vapeadores.
Asimismo, el Grupo que sostiene al Gobierno propone neutralizar la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la subida del Impuesto sobre Sociedades que aprobó Cristóbal Montoro en diciembre de 2016 y pretende limitar la compensación de bases imponibles negativas de las grandes empresas y las deducciones por doble imposición y revertir los deterioros de valor.
Además, se extiende durante dos años (2024 y 2025) la norma que sólo permite compensar la mitad de las bases imponibles de las sociedades a los grupos de los que forman parte.
No hay medidas reales sobre vivienda en las enmiendas socialistas: se anuncia que se promoverá la modificación de la Directiva del IVA para permitir a los Estados gravar los alquileres de corta duración en las zonas donde estos alojamientos dificulten el acceso a la vivienda y se amenaza a las Socimi con iniciativas sin concretar.
