La situación económica de España sigue siendo crítica después del verano. Se confiaba en que el periodo estival contribuyera a una reactivación de la economía, pero los rebrotes de coronavirus y las restricciones al turismo que han impuesto países de la Unión Europea han impedido que se produzca una recuperación sólida de la actividad.
Si se compara el mercado laboral de febrero con el que tenemos a cierre de agosto, hay en el país casi medio millón de personas que han dejado de trabajar y más de 800.000 personas siguen todavía en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
El número de parados, las personas que están registradas en las oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal, es de 3,8 millones a cierre de agosto, la mayor cifra de parados en el país desde ese mismo mes del año 2015.
Aunque el Gobierno ha activado medidas como los ERTE, avales del ICO a un volumen de créditos de hasta 100.000 millones y moratorias de impuestos, no todas las empresas han conseguido sobrevivir a esta situación. De hecho, 77.000 han tenido que echar el cierre desde febrero, la mayoría de ellas pymes de menos de 50 empleados.
Los autónomos son otro colectivo que atraviesa serias dificultades. Según ATA, la organización más representativa del sector, hay 280.000 autónomos que no han podido abrir su negocio durante el verano y un millón de los que sí han podido abrir están en la cuerda floja porque no tienen apenas actividad.
Más ayudas del Gobierno
Todos, sindicatos, empresas y autónomos piden al Gobierno que amplíe la protección: que se prorroguen los ERTE, se amplíe el periodo de carencia para la devolución de los préstamos avalados por el ICO y se alarguen las moratorias, entre otras medidas. Pero el problema está en que los analistas prevén que el déficit público se dispare hasta rondar este año el 13% del PIB. Un desfase presupuestario de unos 156.000 millones de euros.
El Ejecutivo había calculado que necesitaría 24.000 millones para pagar prestaciones de desempleo –para parados y trabajadores en ERTE- sólo hasta septiembre y si ahora se alargan estos mecanismos de protección el coste será mucho mayor.
Caída histórica del PIB
La Unión Europea ha propuesto conceder a España 21.300 millones de su fondo para pagar desempleo, pero con esta cuantía no es suficiente. También contaremos con 140.000 millones, entre préstamos y subsidios, del fondo de recuperación de la UE y España, ya está movilizándose para poder recibir un anticipo de los fondos porque necesita liquidez.
Nuestro país atraviesa más dificultades que otros de la Unión Europea porque entró en la crisis con un déficit público muy elevado y una deuda pública muy alta. Alemania, por ejemplo, ha afrontado esta crisis con superávit, lo que le ha permitido activar muchas más medidas, como una rebaja del IVA a algunos sectores y una prórroga de los ERTE hasta la primavera de 2021.
El elevado peso del turismo en nuestro Producto Interior Bruto, el predominio de las pymes en el tejido productivo y la situación de las cuentas públicas han contribuido a que España sea la economía que más cayó de toda la Unión Europea durante el segundo trimestre, con un desplome del PIB del 18,5%.
El panorama para los próximos meses es incierto. Muchas empresas necesitan ajustar sus plantillas, por lo que los despachos de abogados especializados en laboral ya están preparando una oleada de despidos para el otoño.
Mientras, el Gobierno está negociando con los agentes sociales la prórroga de algunos mecanismos de protección como los ERTE, y al mismo tiempo, tiene por delante la difícil negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en los que tendrá que hacer frente a un fuerte incremento del gasto público y una importante caída de los ingresos.
