El Estado tiene tantos problemas para conseguir dinero en los mercados que ha comenzado a buscarlo en los cajones. Y el primero que ha encontrado es el de la Sociedad de Loterías del Estado (SLAE). El Gobierno va a utilizar 6.000 millones de la caja de las apuestas para financiar a las autonomías en apuros. Además, otros 12.000 millones de fondos que el Tesoro tenía previsto captar también se destinarán ahora a las comunidades en apuros.
El resultado es la creación de un fondo bautizado como "mecanismo de financiación territorial" con el que el Gobierno Central pretende extender líneas de liquidez a los gobiernos regionales. Ese fondo sustituirá a los hispanobonos que, finalmente, han sido aparcados. Tras varios meses de retraso la tasa de interés que paga el Estado por pedir deuda es tan alta que las autonomías ya no pueden usarla para financiarse más barato.
El nuevo mecanismo significa reconocer que los mercados se han cerrado ya no sólo a nivel autonómico sino también a nivel nacional porque el ministro de Hacienda ha asegurado en el Consejo de Ministros que no habrá nuevas emisiones de deuda para dotar ese fondo.
Préstamos a las autonomías con "estricta condicionalidad"
El ICO será el administrador de los fondos y Hacienda quien controle tanto la concesión de las primeras líneas de liquidez como sus posteriores renovaciones mediante revisiones a priori y a posteriori de la concesión de créditos siguiendo un mecanismo de condicionalidad fiscal y financiera.
- La condicionalidad financiera limitará la cuantía de los fondos que las comunidades podrán pedir prestado. Sólo recibirán fondos quienes no rebasen unas ratios determinadas que Hacienda define como "criterios de prudencia financiera"
- La condicionalidad fiscal obligará a las autonomías a presentar sus planes de ajuste en el momento en que soliciten liquidez y a actualizar la información sobre el cumplimiento cada vez que accedan a un nuevo tramo de esos fondos. En caso de riesgo de incumplimiento en el pago de los vencimientos de deuda, Hacienda podrá dictar la intervención de esa autonomía.
Segundo enjuague con Loterías
El Gobierno comenzó a utilizar la caja de Loterías para cuadrar las cuentas del Estado a comienzos de año, tal y como informó Vozpópuli el pasado mes de mayo. El Ejecutivo reservaba a esas alturas 800 millones de euros para tapar el déficit, un movimiento que –según manifestó Loterías en un comunicado—se hizo de espaldas a la sociedad. La maniobra no constituía una ilegalidad pero sí resulta atípica puesto que, por primera vez desde que se constituyó la Sociedad de Loterías, se han trasladado los ingresos del sorteo al año siguiente.
