Las cuentas públicas se desvían, tal y como muchas veces ha apuntado este medio. La Comisión Europea señaló en un pie de página de su último informe técnico que existe una gran incertidumbre porque Hacienda ha aplicado tantos ajustes contables en 2012 y 2013 que se hace complicado interpretar los datos (vea el documento elaborado por los técnicos de la Comisión, página 9, nota 8). Y esas dudas sobre el cumplimiento han obligado al Gobierno a echar por tierra la reforma eléctrica, una de las principales iniciativas comprometidas con Bruselas justo cuando la Troika aterriza en Madrid para revisar el alcance de todas las medidas aplicadas.
La Comisión había fijado como fecha finales del 2013 para que el Ejecutivo acabase de una vez por todas con el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta el suministro eléctrico y lo que abonan los usuarios. Y la solución salomónica consistió en dividir los costes a partes iguales entre empresas, consumidores y Estado. Hacienda tenía que aportar 3.600 millones de euros.
Al renunciar a la reforma del déficit de tarifa, el Gobierno hace patente la triste realidad de que sus cuentas no cuadran
Sin embargo, de un día para otro y sin mediar explicación, el Gabinete de Rajoy ha tenido que hincar la rodilla y claudicar. Hacienda no inyectará los 3.600 millones al sistema eléctrico. Al renunciar a la reforma del déficit de tarifa, grabada a hierro y fuego por Bruselas como una de las medidas esenciales para reforzar la ansiada competitividad, el Gobierno evidencia la triste realidad de que sus cuentas no cuadran.
Por más que el Ejecutivo pintase un panorama más optimista y florido en cuanto consiguió la relajación de las metas presupuestarias brindada por Europa, varios meses después la calculadora de Montoro echaba humo y no daba para más: los números se enquistaban más cerca del 7 por ciento que del objetivo fijado por Bruselas en el 6,5 por ciento del PIB.
Dos fuentes distintas cercanas a Hacienda han relatado a Vozpópuli cómo a Montoro le faltaban unos 4.000 millones para tener a mano la meta del 6,5 por ciento del PIB. Eurostat discutía a Hacienda algunos de los ajustes contables llevados a cabo. Y en el análisis de los Presupuestos españoles, los técnicos de la Comisión sostuvieron que “la incertidumbre que rodea al resultado de las cuentas de 2013 todavía es muy elevada”. Por si esto fuera poco, probablemente para guardarse las espaldas, a esa misma afirmación le sumaron un endiablado pie de página que rezaba: “Las recientes revisiones contables que afectan a 2012 y 2013 son de gran alcance y añaden más incertidumbre, complicando la interpretación de los datos de ejecución presupuestaria”. Entre devoluciones, pagos fraccionados, ayuntamientos, Comunidades o créditos extraordinarios, los números se antojan imposibles de descifrar.
Así las cosas, la sacrificada en el altar de la austeridad ha sido la reforma eléctrica. En lo que llevamos de año, el gasto total del Estado central se ha desbocado en torno a un 6 por ciento, al tener que abonar un 10 por ciento más por los intereses de la deuda; un 5 por ciento más en pensiones y el hecho de que los desembolsos por prestaciones en desempleo hayan aumentado en unos 4.000 millones por encima de lo presupuestado. Y a ello además hay que sumar este año el desembolso en diciembre de la paga extra de los funcionarios por valor de 4.500 millones. En total, unos 16.000 millones extra que se comen todos los recortes practicados en otras áreas. “El pago de la reforma eléctrica habría sido imposible de costear. Ya no había posibilidad de suprimir la paga extraordinaria y tampoco se quería enfadar aún más a los empleados públicos”, explica una fuente próxima al Ministerio.
Al mismo tiempo, pese a subir IVA y Especiales y tener el IRPF en máximos, los ingresos hasta octubre sólo mejoran en 1.205 millones, cuando la meta para todo el ejercicio se sitúa en unos 6.000 millones más. Con las cifras de 10 meses ya disponibles, todavía faltan unos 5.000 millones por el lado de la recaudación. Incluso si la economía repunta animada en parte por la paga extra y el pago a proveedores, los ingresos se resienten debido a una inflación baja, a una masa salarial más pequeña y al desplazamiento de la actividad hacia la economía sumergida. Al consumirse lo que se produce fuera, Hacienda precisamente no puede gravar por IVA el capítulo de la economía que mejor se comporta, las exportaciones. Y vigilado de cerca por Eurostat después de haber jugado con el retraso de las devoluciones en 2012, Montoro tendrá que computar todas las devoluciones del cierre del ejercicio, que bien podrían ascender a los 7.000 millones.
Montoro ha traspasado gastos a enero, exprimirá Sociedades y se beneficiará de los recortes de municipios y CCAA
Aunque las cifras por figuras tributarias engorden algo en la recta final, no se antoja plausible un milagro en la recaudación salvo por el Impuesto de Sociedades. Sin complejo alguno y después de haber eliminado deducciones, se espera que Hacienda pase el platillo entre las grandes empresas para poder compensar la debilidad de los ingresos y embolsarse algunos millones más.
Durante el tramo final del año, el equipo de Montoro tendrá que gestar de nuevo una remontada espectacular si quiere acercarse al objetivo de déficit fijado por Bruselas en el 6,5 por ciento. Por el momento, ha dado orden de detener cualquier desembolso que no sea imprescindible y aplazarlo hasta enero; ha adelantado el cierre contable; ha reforzado los poderes de control de la Intervención General y ha reajustado las devoluciones para que aparezcan por sorpresa unos 6.000 millones en los ingresos. A su favor, cuenta con el superávit encontrado en los municipios, aunque haya causado cierta perplejidad entre los analistas que unos entes que antes acumulaban retrasos en sus facturas ahora registren excedentes. Y pese a la rebeldía de algunas, también se confía en el hecho de que las Comunidades hayan prescindido según la EPA de unos 255.000 puestos de trabajo en 24 meses, lo cual sí conlleva importantes ahorros presupuestarios.
Justo ahora que la Troika visita España al objeto de comprobar la calidad de las reformas de contenido macroeconómico, el Gobierno y los ciudadanos acusan la fatiga reformista. Conscientes de que se aproximan tres citas electorales y del riesgo que supondría un Parlamento fragmentado en España, la Unión Europea ha levantado el pie del acelerador. Necesitada de éxitos con sus programas de rescate, puede vender la recuperación de España. Hecho que el Ejecutivo de Rajoy está aprovechando desde hace unos meses para diluir las reformas.
El grueso del ajuste de las pensiones se ha postergado hasta 2019. El antiguo Inem y las políticas activas siguen casi igual que al comienzo de la crisis. El adelgazamiento de las estructuras administrativas ni está ni se le espera. La intervención de las Comunidades díscolas se ha evitado. Pese a la insistencia de la Comisión, la reforma fiscal y la valoración que exige Bruselas de las principales partidas del gasto se demoran. La rentabilidad de las entidades financieras en el negocio hispano todavía no está garantizada. Y ahora la reforma eléctrica no suprimirá el déficit de tarifa. Pese a que Bruselas haya relajado el ritmo reformista, todavía hay por delante mucho camino para reconducir el déficit por debajo del 3 por ciento.
