El Gobierno se juega toda su credibilidad con la marcha de las cuentas públicas. El mismo Rajoy afirmó el lunes que cumplir con el déficit es mucho más importante que el rescate. Sin embargo, ningún experto o casa de análisis ve posible ahora mismo que el Estado español logre el 6,3 por ciento de objetivo exigido por Bruselas.
El consenso de los analistas estima que el déficit público puede dispararse hasta cerca del 8 por ciento. Los números hablan por sí solos. La recaudación se ha deprimido en 1.400 millones hasta julio cuando la previsión para todo el año era embolsarse 7.000 millones más.
Por ejemplo, la amnistía fiscal sólo ha recabado 50 millones, un 2 por ciento de los 2.500 millones anunciados. Y el alza del IVA apenas podrá compensar el agujero de la recaudación, en parte debido a que el consumo se desploma, la actividad se desplaza hacia la economía b y la mayoría de las empresas lo declara trimestralmente el 20 de octubre, dejando lo demás fuera del ejercicio.
Tampoco hay tiempo para que los impuestos verdes y sobre las plusvalías anunciados el lunes retornen cantidades significativas. En resumen, éste es el resultado de un ajuste en medio de una recesión más centrado en los tributos que en los recortes del gasto.
Pese al tajo a la inversión y el gasto corriente, el gasto del Estado central ha aumentado en 17.000 millones porque se han elevado las transferencias a la Seguridad Social, las comunidades y las corporaciones locales. Además, la partida de personal se mantiene.
La Seguridad Social tenía previsto sortear los números rojos. Sin embargo, la cifra de afiliados se ha reducido en medio millón mientras que la de pensionistas se ha elevado en unos 600.000. Todo ello se traduce en que las cotizaciones ingresadas caen sobre un 4 por ciento respecto al año pasado, al tiempo que la factura de las jubilaciones sube un 4 por ciento. Según los expertos consultados, semejante patrón puede dejar fácilmente el déficit de la Seguridad Social en al menos 5.000 millones.
La renovada contracción económica ha provocado este año un rebrote del paro inesperado por el Ejecutivo, de modo que las prestaciones por desempleo han repuntado un 5 por ciento pese a que se estimaba un retroceso del 5, una fuga en los presupuestos que puede acercarse a los 3.000 millones.
La otra vía por la que se escapan los millones reside en el coste del endeudamiento. La escalada de la deuda y el encarecimiento de los intereses están engordando este capítulo, que ya proyecta un desvío de 6.000 millones para todo el 2012, aunque podría ascender incluso a más.
Con todo, la principal preocupación estriba en el control de los presupuestos autonómicos. El observatorio del think tank Fedea cifra el desfase contable de las comunidades en unos 7.000 millones.
Quizá el dato más clarificador sobre el estado de las finanzas regionales consiste en que el Estado central va a adelantar este año a las autonomías unos 50.000 millones, el equivalente a todo lo que las comunidades se han llevado por IRPF e IVA hasta julio. E incluso así, todas sufren dificultades para llegar a fin de mes. Cataluña detallaba ayer que sus transferencias corrientes, es decir sus gastos, subían un 2 por ciento.
A este ritmo, se antoja muy complicado ceñirse a la meta de déficit. Precisamente por eso, el hecho de que Rajoy posponga el rescate desconcierta a los analistas. En el extranjero, ya se trazan paralelismos entre las pasadas elecciones andaluzas y los próximos comicios gallegos. Cuanto más tiempo discurra, menos margen tendrá el Estado español para aplicar medidas correctoras.
De hecho, ya sólo hay espacio para ajustes que tengan una repercusión inmediata y sean muy impopulares. Y, por supuesto, tanto si Rajoy adopta recortes como si deja que el déficit se descarrile, todo ello acabará cuestionando su legitimidad.
El cumplimiento representaría la prueba ante Europa de que España no es otra Grecia, sino un país serio que merece algunas concesiones. Que la nación tome un camino duro o uno mucho peor dependerá de ello. De no conseguirlo, estaríamos abocados a una senda parecida a las transitadas por Grecia o Portugal, castigados con mayores recortes y por tanto más recaída de la actividad, ergo menos ingresos.
Dada la tremenda importancia del envite, ¿guardará el Gobierno de Rajoy algún as en la manga? Por el momento, el alza del IVA puede rebajar algo la caída de la recaudación, el tajo a la paga extra de los funcionarios reporta 4.000 millones en ahorros y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social podría emplearse con el fin de suplir el agujero de las pensiones. Además, algunos analistas apuntan que el Ejecutivo podría estar intentando no anotarse nuevos gastos. Tal es el caso del crédito extraordinario abierto para abonar material militar por valor de 1.780 millones, o las pérdidas de 4.000 millones de Bankia ahora que pertenece al Estado… ¿No deberían computarse ambas como déficit?
Al final, Rajoy se juega el cumplimiento del déficit con las comunidades autónomas. Algunos expertos señalan que las autonomías también buscan formas de esquivar las constricciones presupuestarias. En julio, se resistieron a que el Estado central les imponga un techo de endeudamiento igual al del déficit. En principio, la deuda sólo podría aumentar lo que se gaste por encima de los ingresos, esto es, el déficit. Sin embargo, este oposición indica que pretenden gastar más a costa de la deuda pero evitando registrarlo como déficit. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de préstamos a empresas en las que no tienen participación mayoritaria y que por lo tanto desconsolidan de sus presupuestos.
Sin embargo, se antoja casi imposible que éstas lo consigan. El Gobierno no ha querido dejar a una región sin fondos para pagar sueldos, la educación o los hospitales. Así que Hacienda les ha dado dinero para que no se lo gasten… Un arreglo poco convincente.
