El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lanzó el pasado mes de septiembre al mercado para encontrar socios que le ayuden a diseñar la política de inclusión. Una adjudicación del organismo liderado por José Luis Escrivá valorada en 3,6 millones de euros que captaba la atención de las grandes consultoras. PwC (PriceWaterhouseCoopers) se hacía finalmente con dos de los cuatro lotes del contrato. Los otros dos apartados se repartían entre KPMG y Accenture. Deloitte, uno de los candidatos no premiados en este proceso, ha decidido recurrir este reparto.
La consultora denuncia ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que existe un “error” a la hora de evaluar las ofertas en relación con los criterios de adjudicación con una de las adjudicaciones concedidas a PwC y la otra de KPMG, con un valor final de 1,2 millones. Concretamente, los representantes legales de Deloitte explican en el recurso al que ha tenido Vozpópuli que esta consultora debería ser la adjudicataria del “proyecto de asistencia técnica para la elaboración del manual del impacto normativo en inclusión” y “la asistencia técnica para la realización de una comparativa internacional sobre la definición de la inclusión”.
Un recurso que la consultora ha preferido no valorar ante las preguntas de este medio. “Deloitte no hace comentarios sobre clientes o posibles clientes”, explica. El Ministerio de Inclusión comenta, por su parte, que es "algo bastante habitual" que, en los procesos de contratación de la Administración, "surjan aspectos de disconformidad entre los licitantes, lo que puede llevar a la revisión de los expedientes dejando en manos de los tribunales administrativos su resolución”.
Deloitte pide la anulación
La representación legal de la consultora en este proceso pide al Ministerio que anule estas adjudicaciones y, una vez corregidos los errores que denuncia en su recurso, contrate a Deloitte para estos dos lotes "por resultar la oferta mejor valorada".
El organismo que lidera Escrivá puntualiza ante la pregunta de este medio que para este tipo de cuestiones está el Tribunal de Recursos Contractuales. Por su parte, defienden que siempre actúan "con absoluta transparencia, de acuerdo a los mecanismos de contratación establecidos y ciñéndose a los criterios objetivos de valoración de las ofertas”.
PwC y Accenture, otros contratos
Donde no existe conflicto son en los dos primeros apartados de esta compleja adjudicación. PwC ha sido el elegido por el Ministerio de Inclusión para la elaboración del plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado.
Una tarea donde la consultora deberá identificar y cuantificar el conjunto de prestaciones y subsidios públicos que inciden en la inclusión. También deberá estudiar los posibles solapes, duplicidades y carencias. El objetivo final es poder implementar un "marco único simplificado e integrado" de prestaciones en torno al Ingreso Mínimo Vital.
Accenture, en su caso, tendrá el mandato de hacer un mapa con las políticas de inclusión en España. Un servició que permitirá a Ministerio de Inclusión "trazar el mapa concreto" que permita conocer los distintos sistemas de inclusión en los ámbitos nacional, autonómico y local.
El organismo que lidera José Luis Escrivá detalla que un elemento fundamental de esta adjudicación es la mejora de la prestación del Ingreso Mínimo Vital y del aumento de la eficacia de las distintas actuaciones y políticas públicas relativas a la inclusión. Mientras el recurso de Deloitte se tramita, el resto de adjudicatarios de esta gran concesión ya se preparan para finalizar el servicio antes del mes de septiembre.
