La deuda de las administraciones públicas crece en unos 165 millones de euros al día, casi 7 millones por hora, 114.000 euros por minuto y 1.900 euros por segundo. El grueso de la deuda pública está en manos del gobierno central, que acumula obligaciones financieras por un monto equivalente a 1,41 billones. A lo largo de 2023, el pasivo habrá aumentado en 60.000 millones, ascendiendo ya a 29.500 euros por habitante y 74.500 euros por hogar.
Son solo algunos de los cálculos que pone en valor el Instituto Juan de Mariana (IJM) en un informe publicado este jueves con motivo del Día de la Deuda, que refleja la fecha a partir de la cual el conjunto de las administraciones públicas españolas agota todos sus ingresos fiscales para poder hacer frente a sus gastos, de modo que el Estado vivirá a crédito, generando déficit y deuda, hasta fin de año.
España es uno de los países de Europa con mayor aumento de la deuda pública desde finales de 2019 (98,2% del PIB) hasta el tercer trimestre de 2023 (109,9% del PIB). Y esto pese a la ayuda que ha supuesto el crecimiento de la economía española, que se toma como denominador para expresar los compromisos contraídos y la salud financiera del Estado.
En cuestión de 14 años los pasivos del Tesoro han pasado de representar menos del 40% del PIB en 2008 a más del 110% del PIB, muy por encima del tope del 60% que marcan las reglas fiscales de la Unión Europea. "Cumplir dicho objetivo mejoraría el PIB en 4,6 puntos, es decir, más de 62.000 millones de euros. Por lo tanto, la deuda está suponiendo un lastre muy importante para el desarrollo", recalca el think tank.
16 años incumpliendo las reglas fiscales
España ha superado dicho umbral de forma reiterada entre los años 2010 y 2022, acumulando 13 incumplimientos consecutivos (serán 14 cuando se confirmen los datos esperados para 2023). También lleva años incumpliendo la regla del déficit, que tiene como límite el 3% del PIB. La última vez que bajó de ese nivel fue en 2018, pero entonces la deuda pública se situaba en el 100% (desde 2010 supera el 60%).
Hay que remontarse a 2007 para encontrar el último momento en que España gozó de un déficit inferior al 3% del PIB (concretamente, un superávit del 1,9%) y una deuda inferior al 60% (del 35,8%). Dicho de otra forma: España lleva 16 años incumpliendo las reglas fiscales que Europa quiere reactivar en 2024.
Este año el Gobierno espera que la deuda pública se sitúe en el 108,1% del PIB y el déficit en el 3,9%, para situarse ya en 2024 en el 106,3% y 3%, respectivamente. Sin embargo, la Comisión Europea alertó hace unos días de que la situación fiscal de España es "muy difícil" y requiere de una estrategia fiscal "creíble". No espera que el déficit baje del 3% al menos hasta 2026 y cree que los niveles de deuda seguirán en el 106%.
También el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que la deuda pública española no volverá a situarse por debajo del 100% del PIB, donde se encontraba ya en 2019, en lo que queda de década. Recientemente ha mejorado sus perspectivas fiscales en España pero, aún así, prevé que la deuda se estanque en el 103,8% del PIB.
160.000 millones más de ingresos
"España va camino de enlazar 21 años (2008-2028) con el presupuesto público en situación de déficit. Su cronificación se traduce en un crecimiento continuado de la deuda de nefastas consecuencias para la economía", denuncia el Instituto. Además alerta de que la vida media de la deuda española es de 7,9 años, "de modo que no estamos traspasando tales obligaciones a las próximas generaciones, sino que nosotros mismos las enfrentaremos también a medio plazo con más impuestos".
El Instituto Juan de Mariana destaca que "los ingresos han crecido con fuerza a lo largo del último lustro y el impacto de más de las más de 40 medidas recaudatorias adoptadas por el Gobierno y del efecto que tiene la inflación en los caudales públicos ha hecho que la cifra total de ingresos del Estado suba de aproximadamente 470.000 millones en 2018 a cerca de 630.000 millones en 2023", unos 160.000 millones más.
Además, destaca que "de forma creciente, la caja de las pensiones ha pasado a nutrirse de cotizaciones sociales y transferencias presupuestarias, en vez de depender simplemente de la primera de estas dos fuentes. Si no se realizasen estos trasvases orientados a enmascarar el déficit del sistema de Seguridad Social, encontramos que el descuadre del gobierno central sería de 20.484 millones de euros, mientras que el de la caja de las pensiones se dispararía hasta los 45.922 millones.
40.000 millones en intereses
A su vez, el alza de tipos está teniendo un impacto multimillonario en las cuentas públicas. Este año el Estado pagará 10.000 millones más en intereses de la deuda que en 2021, antes de que el Banco Central Europeo (BCE) ejecutara la primera subida. En el Plan Presupuestario remitido a Bruselas esta semana el Gobierno asume un gasto de 35.600 millones, frente a los 26.000 millones de hace sólo dos años; es decir, 9.600 millones más. En 2024 la factura crecerá en otros 3.500 millones, hasta los 39.100 millones.
Si se cumplen las previsiones del Gobierno, implicará que el gasto en intereses de la deuda roce este año los máximos históricos y el próximo año bata un nuevo récord. En 2013 los intereses pagados por la deuda de las administraciones públicas sumaron 36.700 millones. A partir de entonces la factura en euros nominales empezó a bajar y antes de la crisis inflacionista, durante 2020 y 2021, se situaban en niveles ya muy reducidos, en el entorno de los 25.000 millones anuales.
