"Un cambio de paradigma"; "la primera reforma laboral de gran calado de la Democracia"; una "ambiciosa reforma" que busca "transformar nuestro mercado de trabajo para que pueda dejar definitivamente atrás sus anomalías" y lograr "una ciudadanía plena en el trabajo"; "un nuevo contrato social"; "un cambio de cultura de las relaciones laborales"... son algunos de los calificativos con que se define en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley de reforma laboral de Yolanda Díaz que publica hoy el BOE y que finalmente entrará mañana en vigor. Son 16 páginas frente a las 36 páginas de la reforma en las que el Gobierno trata de convencer a sus socios de las bondades planetarias de una reforma única y trascendental, según se define, en la que hay incluso guiños al PP, con el fin de que el Congreso convalide el Real Decreto-ley sin tocar una coma. En este sentido, se apela al histórico logro del diálogo social, término que se cita 13 veces, además de aludir directamente a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en dos ocasiones.
El objetivo, que el Congreso no tumbe un texto que los socios de Pedro Sánchez y el PP han rechazado, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a volcarse en su presentación en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el martes y a retrasar un día la publicación de la norma en el BOE precisamente en la redacción de esta Exposición de Motivos, según fuentes conocedoras.
Así trata de convencer a los grupos una Exposición de Motivos que se aparta de las tradicionales líneas explicativas iniciales de los textos normativos, pero que intenta contener sus críticas a la reforma laboral del PP, a la que sólo alude una vez directamente, y arranca los problemas del mercado laboral español en 1980. Cabe recordar que fue cuestionada en abril la Exposición de Motivos de la reforma que despenaliza a los piquetes, que criticaba al Gobierno de Mariano Rajoy, "que con la crisis como oportunidad", decía, "inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades", Exposición de Motivos que el PP recurrió al Tribunal Constitucional.
Este texto introductorio se muestra convencido de que la reforma va a acabar con los problemas del mercado laboral español, "un planeta lejano, una anomalía", lo que "sólo la traumática experiencia de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 ha permitido, gracias al decidido empeño del diálogo social", insiste.
Visto desde la UE, el mercado de trabajo español constituye un planeta lejano, una anomalía que se expresa especialmente en una tasa de temporalidad inasumible y con efectos mucho más allá
El objetivo es acabar con "el pesado lastre de la temporalidad que ha impedido a una parte importante de las personas trabajadoras ejercer de forma plena sus derechos y ha creado una inercia, de dimensión cultural, que ha mermado el crecimiento de las empresas y su productividad. Visto desde la Unión Europea, que viene recordándonos insistentemente la necesidad de afrontar esta carencia, el mercado de trabajo español constituye", a juicio del texto, "un planeta lejano, una anomalía que se expresa especialmente en una tasa de temporalidad inasumible y con efectos mucho más allá de la duración efímera de los contratos de trabajo. Jóvenes y mujeres son los que más han sufrido esta lacra, aunque la trampa de la temporalidad lo abarca todo en nuestro país y tiene fuerte repercusión en el conjunto de nuestro modelo económico".
En suma, la reforma pretende "corregir de forma decidida esta temporalidad excesiva, evitando esa rutina tan perniciosa que provoca que en cada crisis se destruya sistemáticamente el empleo, dando lugar a un marco normativo novedoso, descargado de lo que la práctica ha demostrado que no funciona, sobre el que sustentar un modelo de relaciones laborales más justo y eficaz".
Sobre las carencias del mercado laboral español, el texto menciona a las camareras de piso, conocidas como las kellys, como ejemplo de "profesiones o sectores con alta ocupación femenina y donde resulta difícilmente defendible que dos personas que realizan trabajos de igual valor tengan condiciones laborales diferentes, o incluso carezcan de marco sectorial de referencia, por razón exclusivamente del objeto social o forma jurídica de la empresa contratista o subcontratista a la que se vinculan". Así, destaca que "el principio de no discriminación e igualdad de trato se asegura mediante la garantía de un convenio colectivo sectorial aplicable sin perjuicio de los derechos de libertad de empresa y negociación colectiva". Sin embargo, las kellys han considerado que la reforma no soluciona sus problemas. Cabe recordar que se establece que en las contratas el convenio será el de la actividad que se desarrolla, no el de la empresa principal.
"Hay en esta ambiciosa reforma además otro elemento diferenciador con las anteriores, que permite concebir una mayor esperanza en su estabilidad y en la consecución de los efectos pretendidos", destaca la Exposición de Motivos, que insiste: "Los cambios están avalados por el diálogo social. Las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, tras un largo proceso negociador, acordaron junto con el Gobierno de la Nación las medidas contenidas en este real decreto-ley, dando así lugar a la primera reforma laboral de gran calado de la Democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social".
Guiño al PP
La única alusión a la reforma laboral del PP es menos contundente de lo que cabría esperar en el tono de la Exposición de Motivos: "Una reforma laboral que camina en dirección contraria a la que ha sido habitual en los últimos tiempos" para "la recuperación de los derechos laborales y su garantías", ya que en el resto de ocasiones echa la culpa a todas las reformas anteriores y plantea que la temporalidad es un mal endémico del mercado de trabajo español.
Pero es que a continuación, la Exposición de Motivos se dirige a empresas e inversores, y defiende que esta reforma permitirá mejorar "no solo la protección del empleo, sino que incrementará la productividad y reforzará la seguridad jurídica, lo que favorecerá la atracción de inversión extranjera y la creación de empresas de mayor valor añadido, así como la necesaria inversión en formación de las personas trabajadoras (upskilling)".
Todo ello, cuando asegura que "las sucesivas reformas anteriores han determinado una elevación desconocida de la inseguridad jurídica, derivando, además, en una arquitectura de negociación colectiva que no responde a las necesidades actuales, con importantes distorsiones desde el punto de vista de la adaptación a los requerimientos de los diferentes sectores y empresas", para referirse a continuación a las transformaciones digital y medioambiental en curso.
En este sentido, el texto reconoce que los ERTE ya existían antes de que los empleara el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque estaban "muy poco utilizados".
Emergencia y SMI
Por último, y frente a posibles recursos al Tribunal Constitucional, la Exposición de motivos justifica que esta reforma "estructural" se haga mediante Real Decreto-ley en la emergencia sanitaria y crisis económica y, sobre todo, en que se trata de un hito que se ha comprometido con la Comisión Europea a cambio de cobrar fondos. A lo que añade como otro motivo de urgencia y de captar simpatías que en ella se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, "durante el período necesario para garantizar la búsqueda a través del diálogo social, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional".
