Tampoco en febrero. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha planteado dudas sobre que la reforma de las pensiones pueda acordarse en febrero, según ha declarado el pasado lunes, por estar "el patio político muy revuelto". Como venían advirtiendo los sindicatos, el retraso del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones que debía estar aprobada el 31 de diciembre complica cada vez más el acuerdo ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A lo que se han añadido en las últimas semanas las tensiones en la coalición del Gobierno por la ley del 'solo sí es sí', de intensidad creciente en los últimos días.
Y es que las centrales sindicales vienen avisando de que el Gobierno tiene que cerrar la negociación con apoyos parlamentarios suficientes para que no ocurra como con la reforma laboral, que salió adelante in extremis sólo por un voto, erróneo, de un diputado del PP, y con el rechazo de ERC, Bildu y PNV. El ministro ha hecho suyo este mensaje y asegura estar negociando con agentes sociales y grupos parlamentarios a la vez. Sin embargo, ésta parece más bien una declaración de intenciones que una descripción de la realidad, pues ahora mismo tanto sindicatos como grupos aseguran que sigue sin haber negociación desde principios de diciembre.
La pelota se encuentra en estos momentos en el tejado de Bruselas, tras producirse una reunión secreta del ministro la primera semana de febrero, en la que el Ministerio traslada que planteó un recargo adicional a los sueldos más altos, por concretar. En aquel momento, Escrivá declaró que la reforma se aprobaría en febrero, a medios de mes, llegó a decir.
No ha habido más noticias, salvo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se reunió el pasado lunes, antes del Eurogrupo, en el que participa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, con el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, y con el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Este viernes se ha producido el aval de la Comisión Europea al tercer pago del Plan de Recuperación. Entre las reformas aprobadas, se encuentra la del sistema de cotización de los autónomos según ingresos reales, cuya sostenibilidad planteaba dudas al Ejecutivo comunitario, según pudo saber Vozpópuli, pero que finalmente ha validado. Con la premisa de que queda precisamente la última parte de la reforma de las pensiones por cerrar y que en ella pueden incrementarse los ingresos.
No saben nada ahora mismo, por tanto, los sindicatos de una negociación en la que no se espera a la patronal. Tampoco los partidos. Desde Unidas Podemos en el Congreso así lo trasladan y ven muy difícil que salga adelante con la ampliación del cómputo. La única posibilidad de que prospere, apuntan, es que se acote la reforma al incremento de bases máximas y al destope para incrementar la Tesorería de la Seguridad Social.
Aseguran que no habrían tenido problema en sentarse a negociar la ampliación del cómputo, el asunto que genera el mayor rechazo entre los socios de Pedro Sánchez, pero como la negociación no se ha producido y dado el calendario, ahora lo ven arduo, dudan "muchísimo" que pueda salir. "Se necesita un clima distinto al preelectoral para negociar algo así", insisten.
Esto no les impide destacar que a su juicio la coalición sigue con una fructífera producción legislativa y citan la subida del SMI, la Ley Trans y a del Aborto que se han aprobado la pasada semana.
El secretario general de CCOO también ha advertido de que si se retira el cómputo, "se puede cerrar la reforma en una semana". Pero ni siquiera con esta fórmula daría ya tiempo a tener listo el Real Decreto-ley en febrero.
La propuesta de Escrivá
El Gobierno propuso extender el periodo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, con lo que se descartarían las peores 24 mensualidades, un cambio que se realizaría de manera progresiva, en principio hasta 2038, según trasladó el Ministerio de Inclusión el 29 de noviembre tras la primera mesa de negociación de la reforma de las pensiones que se reunía de manera formal desde el 12 de septiembre. Y la última que ha habido.
Esta propuesta la acompañó de una subida de las bases máximas, para la que planteó vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, el IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que iría acompañado de un incremento de la pensión máxima.
A esto habría que añadir ahora el recargo a sueldos altos, del que no se han proporcionado más detalles. Y la extensión a 2050 del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de cotizaciones de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032.
