Como en toda temporada estival, las carreteras están de nuevo en el escaparate, aunque, este año, con una incipiente novedad: los drones. La Dirección General de Tráfico ha comenzado a utilizarlos para poner multas, lo que les ha puesto en el centro de una polémica en la que probablemente haya mucho de juego mediático pero también un filón de futuro.
"Por cada hora de vuelo de alguno de los helicópteros con radar Pegasus que usa la DGT para controlar el Tráfico y las carreteras (ocho, distribuidos en siete bases por toda la Península) se pagan hasta 3.000 euros de combustible; un dron supone una gasto de unos pocos euros y ofrece prestaciones similares y/o complementarias en términos de regulación de tráfico, control del flujo e incidencias e incluso para el mantenimiento de las carreteras", afirma Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). "Si bien el helicóptero tiene a día de hoy más autonomía, el dron goza de mayor facilidad para acceder a determinados sitios".
Lo que no se puede hacer es propaganda, los drones no pueden poner directamente multas, no al menos ahora. Si las ponen, las recurriremos
La palabra del presidente de la AEA no es una cualquiera, sino la de la figura que ha encabezado esta semana los cuestionamientos al uso de la tecnología para la imposición de multas por, paradójicamente, falta de desarrollo jurídico. Y ello mientras en el sector de los drones luchan por la flexibilización de su uso.
"A nosotros nos parece positivo que la Administración use drones para lo que considere necesario", dice Salvador Bellver, presidente de la Asociación Española de Drones y Afines. "Entendemos que los drones son una joya en bruto, segura, rápida y que reduce costes, pero todavía con muchos límites administrativos".
"Hay que remarcar que nosotros no estamos en contra del uso de los drones; al contrario, nos parece positivo. El ahorro económico que supondría desarrollar su uso y aplicaciones al Tráfico es, como nosotros mismos decimos, evidente", aclara por su parte Arnaldo. "Pero lo que no se puede hacer es propaganda, los drones no pueden poner directamente multas, no al menos ahora".
Propaganda y desafíos
El presidente de la AEA entiende así que la DGT ha utilizado la actual temporada estival para "colocar algo novedoso" en la agenda y hacer "propaganda".
Por lo pronto, el organismo gubernamental ha anunciado que hay tres drones "certificados" por el Centro Español de Metrología ya en activo para denunciar multas en las Islas Canarias (donde no operan ahora helicópteros), y otros ocho funcionando en regulación del tráfico. Asimismo, la DGT prevé comprar próximamente otros 20 drones por un precio de 50.000 euros cada uno.
"Dudo, en cualquier caso, que alguno de esos drones ponga directamente una multa pero, si la ponen, la recurriremos", insiste Arnaldo. El presidente de la AEA sostiene que los informes de certificación que Interior utiliza para justificar el uso de estos drones en el proceso sancionador de manera conforme a la Ley de Metrología son "voluntarios" y no garantizan la "inalterabilidad" de las imágenes.
No se ha desarrollado a nuestro juicio un patrón técnico que sirva de criterio para fijar si la sola información de un dron puede sancionar"
"Hasta el momento, no existe todavía una normativa técnica en virtud de la cual la Justicia podría conferir a un dron capacidad sancionadora. Hoy, cualquier imagen dada por un dron puede ser falseada, no se ha desarrollado a nuestro juicio un patrón técnico que sirva de criterio para fijar si la sola información de un dron puede sancionar, no lo encontramos tampoco en los informes de certificación que evoca Interior", explica el representante de la AEA, que trae luego a colación la presunción de veracidad que la ley otorga per se a la autoridad competente en Tráfico.
"Lo que estamos diciendo es que la única forma de que los drones puedan ayudar eficazmente a la imposición de multas es si media observancia directa de un agente de la autoridad competente en Tráfico", dice Arnaldo. "La última instrucción de la DGT a la que hemos tenido acceso, del 26 de junio, por el contrario, abre otras dos vías: las multas de drones captadas por funcionarios y las captadas por sistemas automatizados, esto es, el dron mismo. Creemos que la puesta de sanciones por estas dos vías no tiene hoy una normativa que las sustente, y decimos hoy porque, claro está, esa normativa puede desarrollarse, como sucedió por ejemplo ya con los radares".
Este medio ha intentado obtener una versión de la Dirección General de Tráfico sobre el asunto pero, al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.
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