Tras casi un año en funciones, el nuevo Gobierno ha empezado andar. Mariano Rajoy ya ha jurado su cargo y el viernes lo harán los ministros que tendrán que afrontar junto a él una de las legislaturas más difíciles de los últimos tiempos, sin mayoría en el Congreso, con muchas reformas por delante y bajo la atenta mirada de las autoridades comunitarias. La consolidación fiscal, la reforma del sistema de pensiones, el empleo y la financiación autonómica serán sin duda los grandes retos económicos que le esperan al nuevo Ejecutivo. Y resolverlos no va a ser sencillo.
-LA CONSOLIDACIÓN FISCAL. Probablemente la tarea más urgente de todas. El Gobierno tiene que reducir el déficit del 4,6% que espera para este año al 3,1% en 2017. La inercia económica permitirá bajarlo al menos un punto, pero seguirán faltando unas cinco décimas para cumplir. Además, la Comisión quiere que una parte del ajuste, el 0,5%, sea estructural. Es decir, unos 5.500 millones de euros. Esto obligará al nuevo Gobierno a tomar medidas por la vía del gasto, por la vía del ingreso o por ambas.
Muchos expertos avisan de que el gasto ya se ha reducido al máximo y que es mucho más conveniente reforzar los ingresos, sobre todo porque la presión fiscal española sigue baja en comparación con la media de la UE y la de otros países vecinos. De hecho, todo apunta a que los retoques en Sociedades y en el IVA pueden ser la solución para el Ejecutivo. Pero ahí no acaban todos los problemas, en 2018 la Comisión quiere otro ajuste estructural de 5.500 millones.
-LA REFORMA DE LAS PENSIONES. Éste será sin duda el gran reto de esta legislatura. El sistema actual es insostenible y nadie duda de que habrá que hacer una gran reforma para garantizar su viabilidad en el futuro. Además, casi todos los expertos se inclinan por buscar fórmulas alternativas de ahorro para apoyar unas prestaciones que, inevitablemente, van a caer hasta un 35% en los próximos años. Las dos últimas reformas han reducido algo el nivel de gasto del sistema, pero sigue pendiente abordar la suficiencia del mismo.
Algunos expertos se inclinan por seguir tomando medidas que reduzcan el gasto. Otros prefieren mejorar los ingresos. Pero, sin duda, la gran mayoría cree que hay que actuar al mismo tiempo en los dos frentes. Lo que está claro es que el problema demográfico supone un gran desafío para el sistema que hay que abordar cuanto antes. Según el Círculo de Empresarios, dentro de solo 10 años se jubilarán entre 700.000 y 800.000 personas cada año y solo 400.000 se incorporarán al mercado de trabajo.
-EL EMPLEO. El Gobierno va a tener que actuar en varios frentes que afectan al mercado laboral. Por un lado es muy posible que tenga que retocar la última reforma, dadas las exigencias de los grupos políticos y la necesidad de llegar a grandes pactos para que el país sea gobernable. De hecho, el Ejecutivo ya ha mostrado su disposición a modificar las cosas que no funcionan. Eso sí, sin cambiar la esencia del conjunto de la reforma. A mediados de julio, se mostró también dispuesto a retocar cosas de las políticas activas de empleo y avanzar en algunas medidas nuevas, como la creación de la mochila austriaca.
De hecho, es la propia Comisión Europea la que está pidiendo a España mejoras en las políticas activas de empleo. En las sus últimas recomendaciones, Bruselas pidió avances en la integración en el mercado laboral con medidas centradas en el apoyo individualizado y el fortalecimiento de la eficacia de la formación. Igualmente, reclamó mejoras en la capacidad de los servicios regionales de empleo y un refuerzo de su coordinación con los servicios sociales.
-FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. Es una de las grandes reformas pendientes. Estaba prevista para la última legislatura del Partido Popular, pero el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vio obligado a aplazarla. “No hay dinero”, llegó a decir. La situación económica ahora es algo mejor y todas las formaciones reclaman esta reforma. El Gobierno que forme Mariano Rajoy tendrá que afrontarla sí o sí.
Aunque es un tema más árido que el de las pensiones, algunos expertos como Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, están muy pendientes de la financiación. En una de sus últimas propuestas, sugirió la evolución hacia un sistema con menos fondos que el actual y la fijación de tramos autonómicos en el IVA y los Impuestos Especiales para aumentar la corresponsabilidad fiscal. Eso sí, la fijación de estos nuevos tramos se tendría que hacer de forma colegiada.
La digitalización de la economía, mejoras en la contratación pública y la I+D, otras políticas en las que tendrá que trabajar el Ejecutivo
Aunque estos son los cuatro grandes retos en materia económica, lo cierto es que el Gobierno también tendrá que seguir avanzando en otros frentes, como la digitalización de la economía, la mejora de los mecanismos de control para la contratación pública y la mejora de la conexión entre el mundo educativo y el mercado laboral. Todos estos asuntos figuraban en las últimas recomendaciones que hizo la Comisión a España y que suelen marcar la agenda económica de los gobiernos, sobre todo que ahora que el país está sometido a un procedimiento de vigilancia reforzada.
En dichas recomendaciones también se sugería un aumento de la financiación destinada a la investigación en las universidades, el fomento de la inversión de I+D en el sector privado, un empujón a la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado a nivel regional, garantías para la aplicación de reformas en el sector minorista en las CC.AA. y el desarrollo de la reforma de los servicios profesionales ya prevista. Una agenda muy completa y difícil teniendo en cuenta las circunstancias políticas.
