Los socialistas tardaron más de 15 días en pedir la comparecencia del ministro José Manuel Soria en el Congreso desde que los terremotos en El Castor dispararon todas las alarmas en la población afectada. Dieron este paso el 2 de octubre cuando ya el asunto se le había escapado de las manos al Gobierno y se habían producido cerca de 40 temblores de tierra. Mayores reflejos tuvieron el partido de Rosa Díez, Izquierda Unida y el Grupo Mixto, atentos a la inquietud provocada por estos terremotos en Levante y Cataluña. Finalmente, Soria no dio la cara en la comisión de Industria hasta el 10 de octubre por la tarde. Ese mismo jueves, al acabar el pleno, Alfredo Pérez Rubalcaba convocó al responsable de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, a los dos diputados que iban a intervenir ante el ministro, el secretario general del PSOE valenciano Ximo Puig, y el catalán Francesc Vallés, para advertirles delante de la portavoz del Grupo Parlamentario, Soraya Rodríguez, que había que tratar el asunto de El Castor con suma delicadeza y cautela, sin levantar temores entre la población perjudicada por los temblores. En otras palabras, que el partido y el Grupo Parlamentario tenían que adoptar un perfil bajo.
Rubalcaba ha argumentado a los diputados del PSOE que no hay que levantar temores entre la población afectada por los temblores
Los diputados siguieron las instrucciones de Rubalcaba al pie de la letra. Puig, próximo candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad valenciana y uno de los más interesados en instrumentar políticamente este suceso, evitó toda crítica al Gobierno y puso el acento en la necesidad de garantizar la seguridad de los residentes en la zona y facilitarles toda la información. “No hay que hacer partidismo en estas cuestiones”, llegó a decir, después de admitir que existe un vacío legal que hay que corregir “con serenidad legislativa”. Vallés, sentado en la dirección del Grupo Socialista y en la ejecutiva del PSC, señaló que el tema requería “mucha prudencia, templanza, sosiego, serenidad y responsabilidad”. “Señor ministro”, añadió el parlamentario, “esta situación requiere una gestión inteligente de la crisis y del riesgo emocional que ello comporta”. El diputado solo alcanzó a censurar de forma muy diplomática la errónea “política de comunicación” del Gobierno.
Los diputados socialistas solo se han atrevido a criticar la errónea política de comunicación del Gobierno a la hora de abordar este caso
Fuentes socialistas no dudan de que el motivo principal que ha llevado a Rubalcaba a imponer al PSOE este “perfil bajo” en el tratamiento del ‘caso Castor’ ha sido su estrecha amistad con el presidente de ACS, Florentino Pérez, compañía propietaria del 66% del depósito de gas subterráneo situado cerca de la localidad castellonense de Vinaroz.
En esta actitud del PSOE de caminar unido al PP pesa también, según las mismas fuentes, el temor a que desde el Gobierno se eche la vista atrás y se desvíen las responsabilidades últimas sobre el contrato tan beneficioso para ACS hacia la gestión que en su día hicieron los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián. Dentro del PSOE han sido varios los dirigentes que se han dirigido a este último para interesarse sobre este asunto y la única respuesta que han recibido es que apenas prestó atención a El Castor durante su etapa en Industria, ya que heredó el expediente de Clos y de su etapa proceden, por tanto, las ventajas con las que se negoció el contrato para levantar la plataforma de gas.
Miguel Sebastián culpa al exministro de Industria Joan Clos de las ventajas con las que se negoció el contrato para levantar la plataforma de gas
Siguiendo las instrucciones de Rubalcaba, el PSOE tampoco ha hecho pregunta alguna al Gobierno sobre El Castor en las sesiones de control de los miércoles y ha renunciado a tramitar las mociones al uso. El asunto solo se le ha ido un poco de las manos en Estrasburgo, donde el eurodiputado socialista Andrés Perelló ha pedido a la Comisión Europea que frene todos los trabajos en la planta de gas y en otras similares, y un poco menos en las Cortes Valencianas, donde los socialistas se han sumado a la petición unánime de cierre permanente de la plataforma. En ambos casos, ya se conocía la decisión del Tribunal Supremo de que la empresa propietaria de las instalaciones sea compensada por el Gobierno si se procede a la clausura permanente del proyecto. La broma se aproxima a los 1.700 millones de euros.
