Las grandes eléctricas no podrán superar los 67 euros megavatio hora en los contratos de suministro de electricidad que realicen hasta el 30 de junio. Un hecho que el Gobierno considera que reducirá la factura de los consumidores y que las propias empresas alertan que no logrará su objetivo porque condena al consumidor a "la volatilidad del precio de la luz”.
"Capar el margen de comercialización aboca a los consumidores a las tarifas reguladas, que es la que sufre el descontrol de los precios", afirman fuentes del sector eléctrico. La medida que pone en marcha el Ejecutivo marca que todo lo que supere ese límite de 67 euro/MWh irá a las arcos del Estado. Una medida que amplía el decreto del pasado mes de octubre que limitaba el exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales.
La medida dejaba fuera de esta minoración los contratos a largo plazo que se firmarán en el futuro y, por supuesto, los ya firmados. El Gobierno ahora decide limitar este precio de los contratos que se firmen hasta julio y es algo que no ha sido del agrado de las principales empresas. "Ha provocado sorpresa del sector eléctrico ante unas medidas no consultadas, no alineadas con las directrices europeas, y que pueden conllevar a importantes riesgos para el sector, para la reducción de la dependencia energética, y para la economía del país", describen las mismas fuentes.
El sector hace referencia a que el presidente Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera no avanzaron esta iniciativa la pasada semana en su reunión con Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, José Bogas, consejero delegado de Endesa, Francisco Reynés, presidente de Naturgy, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y Ana Paula Marques, consejera delegada de EDP en España.
"España vuelve a alejarse de la Unión Europea", denuncian. "Las medidas no están alineadas con la principal directriz de la Comisión Europea en ante la crisis energética, que es la de acelerar la Transición Energética para reducir dependencia. Se perjudica al sector eléctrico, que es quien puede hacer posible la Transición Energética, y concretamente a sus empresas, que han liderado la misma, y han situado a España a la cabeza de la transición", puntualizan.
Las eléctricas señalan a Ribera
Las empresas eléctricas confiesan que es una medida "inesperada" y que apunta a la propia Teresa Ribera. La propia ministra aseguraba al finalizar el consejo de ministros que este plan van en línea con lo que estableció la Comisión Europea (CE) y a las conclusiones del último Consejo Europeo.
Pero dejó claro que sólo se verán afectados los contratos que se firme a partir de ahora y no habrá retroactividad en esta medida. Ribera afirmaba que el Gobierno español ya estableció en su decreto-ley de octubre que no podía haber una minoración en los contratos ya firmados entre eléctricas y clientes.
El Gobierno explica que la modificación es una mejora que pretende minorar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas por el alza del gas. Y, con ello, Teresa Ribera y su equipo pretenden incentivar la firma de contratos bilaterales de compraventa de energía, así como su actualización, "pero dentro de umbrales razonables". Unos precios "razonables" que para las eléctricas no resultan competitivos para su negocio.
