El problema de los interinos en el sector público sigue sin resolverse. El Gobierno creo un comité de expertos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hizo estallar la polémica, pero el informe preliminar que elaboraron no sirvió para aclarar el asunto. Eso sí, el ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene clara su propuesta: aplicar a estos trabajadores el contrato temporal de indemnización creciente que quieren para el conjunto de la economía.
Así lo dejó caer la ministra del ramo, Fátima Báñez, este miércoles en un almuerzo informativo. La propuesta del Gobierno no pasa por modificar el contrato de interinidad en sí, sino por avanzar hacia un solo contrato temporal en España, con una indemnización inicial de 12 días por año (como los temporales de hoy en día), que aumentaría a 16 días el segundo año y a 20 días el tercero. Y esta figura se aplicaría también a los interinos.
La figura a la que se refiere Báñez no es nueva, es la que aparece en el pacto con Ciudadanos. Pero es solo una propuesta que habría que debatir tanto en el Parlamento como en el seno del diálogo social. De hecho, mañana se reúne por primera vez la mesa por la calidad del empleo, una de las tres mesas de negociación que ha abierto la ministra con los agentes sociales, y en esa misma reunión se podría empezar a hablar de esta posibilidad.
El Gobierno pretende así reducir la contratación temporal y fomentar la indefinida
Según Báñez, si solo hay un contrato temporal en España con una indeminización que poco a poco se va a acercando a la del despido objetivo, se reducirían considerablemente los incentivos a contratar de forma temporal. Y, además, se acabaría con el desacuerdo del comité de sabios creado para este fin, que no fue de capaz de pactar una indemnización para los interinos.
La legislación actual no contempla ninguna indemnización para estos trabajadores por finalización de contrato, algo que sí ocurre con los empleados temporales o fijos. Los expertos solo coincidieron en que los interinos tienen que tener también ese derecho. Unos defendían los 12 días de los contratos temporales actuales y otros los 20 días del despido por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción).
Indemnización creciente
La propuesta del Gobierno se queda a medio camino. La indemnización sería de 12 días en el primer año de contrato, pero aumentaría a 16 en el segundo y 20 en el tercero. Y se aplicaría también en el sector privado. El objetivo es reducir la tasa de temporalidad en la economía española, que ronda el 25%. Según los sindicatos, en el sector público se acerca al 18% y en algunos sectores como la sanidad llega al 36%.
Lo que está bastante claro es que la interinidad es un grave problema para el empleo público español. Actualmente, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), hay unos 300.000 interinos en España, una cifra muy elevada que muestra el abuso de la administración de este tipo de figura.
Y hace solo unos días Hacienda publicó una nueva estadística que nos ayuda a entender el coste de este colectivo para el Estado. La masa salarial del personal del sector público estatal, que mide el sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias y la productividad de los empleados públicos, se situó en 17.335 millones de euros en 2016. Y del total, 194 millones se destinaron a pagar a los interinos.
