Autónomos, pymes y las grandes empresas multinacionales del país han mostrado su indignación ante las medidas "paupérrimas" aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del coronavirus y piden a gritos que se aprueben vías de flexibilidad laboral para minimizar los despidos. Si no llegan pronto, avisan, habrá una oleada de paro.
Muchas empresas han empezado ya este jueves y viernes a agilizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE), y advierten de que además de despidos muchas de ellas no renovarán los contratos temporales cuando expiren -lo que les ahorra el coste de la indemnización-. Esto afecta sobre todo a sectores donde abundan los contratos temporales y de fijos discontinuos, como la hostelería, la limpieza, personal de eventos, etc., que son por otra parte los primeros que sufrirán el parón.
Las empresas han decidido de forma "generalizada e implacable no renovar ni un solo contrato de trabajo temporal a su vencimiento, la gente está condenada a irse masivamente al paro", advierte a Vozpópuli un miembro del Consejo de Administración de grandes compañías del país, que advierte de que "al Estado le saldría más barato poner un incentivo económico fuerte a las empresas por renovar contratos, que recibir parados masivamente a su cargo por desempleo".
En concreto, los empresarios piden fuertes bonificaciones fiscales para aquellas empresas que decidan renovar contratos temporales y, aún superiores, si deciden convertirlos en fijos, así como habilitar nuevas vías de financiación o crédito (por el momento, sólo ha habilitado una línea ICO de 200 millones para el sector turístico y hostelería, que amplía la ya concedida de 400 para Thomas Cook).
Comienzan los despidos
"Hay empresas que estaban esperando para ver si despedían o no en función de las medidas del Gobierno, pero ante la inacción han decidido despedir", explica a este medio una fuente de una empresa encargada de proveer personal (azafatos, traductores, etc.) para conciertos o partidos de fútbol de primera división en algunos de los estadios más importantes del país. Esta compañía ha tramitado 3.000 despidos este mismo viernes, reconoce esa fuente.
Al haberse cancelado todos estos eventos, los recintos en los que se iban a celebrar ya no necesitan el personal, lo que ha provocado una oleada de despidos. Se trata sólo de un ejemplo que se replicará en otros muchos sectores afectados por el parón o por la ruptura de la cadena de suministros (como la automoción, donde varias compañías ya han parado la producción y valoran hacer ERE). Las consecuencias para la economía y el mercado laboral dependerán de lo que dure la pandemia.
El aumento de despidos también se ha notado en los sindicatos, que tienen un papel importante de asesoría jurídica cuando se producen despidos colectivos. Éstos y CEOE y Cepyme ya han enviado al Gobierno un documento pactado con las medidas que creen que son urgentes para paliar el impacto del coronavirus en la crisis -como la flexibilización de los ERTE- y confían en que como tarde la próxima semana sean aprobadas.
Los autónomos, olvidados a su suerte
Además de los trabajadores con contratos temporales, que se juegan el despido o la no renovación del contrato, el colectivo de autónomos es otro de los más perjudicados.
El Gobierno todavía no ha aprobado ninguna medida para ellos y ante los cierres de comercios para evitar los contagios muchos han tenido que cerrar su negocio e irse a casa sin saber cómo van a sobrevivir económicamente.
En la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la mayoritaria) han recibido más de 7.000 llamadas en tres días de autónomos que no saben cómo actuar o a qué ayudas puedan acogerse, explican.
Este viernes, las tres organizaciones más representativas a nivel nacional, ATA, UATAE y UPTA han llegado a un acuerdo para pedir al Gobierno que todos los autónomos tengan garantizada la prestación por cese de actividad si se ven obligados a cerrar su negocio o abandonar su actividad por el Covid-19, o bien si tienen que quedarse en casa para cuidar a sus hijos.
Piden también que se bonifique un 100% de la cuota de Seguridad Social para los que abandonan su actividad para cuidar a sus hijos y también para los que están infectados o permanecen en cuarentena.
