La complicada reforma de la estiba no concluirá, a buen seguro, cuando la normativa que le dé carta de naturaleza salga adelante en el Parlamento. Los operadores portuarios están dispuestos a reclamar a la Comisión Europea una especial vigilancia del proceso si éste continúa por los derroteros que ha tomado en las últimas semanas, en las que los sindicatos están ganando terreno al Gobierno en su intención de neutralizar el espíritu liberalizador de la norma.
Durante la reunión de este miércoles de la mesa de negociación, a la que se incorporó el Gobierno por sorpresa con una propuesta formal, la patronal tomó conciencia de que tendría que asumir un papel secundario en el proceso, toda vez que la cuestión de la reforma de la estiba se ha convertido en un pulso entre el Ejecutivo y los sindicatos.
Con un muy reducido margen de maniobra, y a expensas del acuerdo al que pueda llegar el Gobierno con los estibadores, las compañías se están preparando para dar el siguiente paso: no dudarán en advertir a Bruselas de que la reforma del sistema de la estiba a la que está obligada el Estado por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en realidad, papel mojado.
Las compañías, cuya decepción y desconfianza en el Gobierno han ido en aumento en las últimas semanas, tuvieron el miércoles una prueba más de la debilidad del Ejecutivo, que trasladó una oferta más que razonable a los sindicatos, con un considerable esfuerzo económico, a la desesperada para tratar de lograr la convalidación del Real Decreto Ley en el Parlamento, lo que finalmente no consiguió.
Especial vigilancia de la Comisión
Las empresas están resignadas a firmar el acuerdo que finalmente logre el Gobierno, entre otros factores porque la crisis de la estiba sigue causando cuantiosas pérdidas en sus cuentas y la situación de algunas, especialmente las más pequeñas, hace tiempo que es insostenible. Sin embargo, no se quedarán de brazos cruzados.
"Si la reforma se pone en marcha y la situación no cambia, los operadores no dudarán en ponerlo en conocimiento de la Comisión Europea, a cuyos inspectores llamarán para que comprueben de primera mano la realidad de la situación", señalan desde fuentes próximas a la patronal, Anesco.
Además, no hará falta que insistan demasiado. El Ejecutivo comunitario está muy pendiente del caso español toda vez que se trata de un procedimiento que parte de una sentencia que lleva más de dos años sin ser ejecutada. Bruselas ha tutelado todo el proceso de elaboración del Real Decreto Ley y ha impedido que el Gobierno introduzca en él elementos que los sindicatos consideraban como irrechazables.
Si finalmente los sindicatos de la estiba logran su propósito a través de vías diferentes a las del Real Decreto (aunque su petición en la mesa de negociación sigue siendo que aspectos como la subrogación de trabajadores aparezcan en la norma), lo más probable es que Bruselas tenga la última palabra.
