La Comisión Europea quiere poner freno a las empresas que juegan con ventaja en la Unión Europea por haber recibido subsidios de terceros países, para lo que propone vigilar si estos generan una competencia desleal y, cuando sea el caso, poder vetar compras, exigir compensaciones o imponer sanciones.
La batería de medidas planteada este miércoles por Bruselas busca estrechar el control comunitario en particular sobre las empresas chinas fuertemente subsidiadas por el Estado, en un momento propicio para que se hagan con activos estratégicos europeos debido a la pandemia, tal como ocurrió a raíz de la crisis financiera.
Las iniciativas se someterán ahora a una consulta pública hasta septiembre y la Comisión presentará una propuesta legislativa oficial en 2021.
En general, la Comisión quiere someter las ayudas públicas que reciben de terceros países las empresas que operan en la UE al mismo escrutinio que ya ejerce sobre los subsidios que conceden los Gobiernos de los estados miembro para verificar que no suponen una ventaja ilegal.
"Hay un número creciente de casos en los que los subsidios extranjeros parecen haber facilitado las compras de empresas europeas, distorsionado las decisiones de inversión, operaciones de mercado o políticas de precios de sus beneficiarios, o distorsionado las ofertas en las licitaciones públicas en detrimento de las empresas no subsidiadas", dijo en un comunicado la Comisión.
Cuando Bruselas concluya que existe un problema de competencia, el Ejecutivo comunitario podría pedir remedios para subsanarlo
Para controlarlo, plantea tres tipos de mecanismos de vigilancia: uno general para garantizar que ningún subsidio extranjero genera competencia desleal, otro para aquellas ayudas que faciliten la compra de empresas y un último para las empresas subsidiadas que participen en licitaciones públicas.
Bruselas quiere analizar antes de que se produzcan las compras por parte de empresas que hayan recibido ayudas públicas extranjeras en los últimos tres años cuando vayan a adquirir una compañía europea cuya facturación anual supere los 100 millones de euros o un porcentaje importante de acciones.
Una propuesta oficial
Los umbrales precisos, sin embargo, no se definirán definitivamente hasta tener la propuesta oficial y podrían incluirse otros de acuerdo a criterios diferentes, como el valor de la operación o la suma de ayudas públicas recibida.
Cuando Bruselas concluya que existe un problema de competencia, el Ejecutivo comunitario podría pedir remedios para subsanarlo, por ejemplo que se vendan ciertos activos del negocio, y en última instancia bloquear la operación e incluso revertirla.
En cuanto a los concursos públicos, la Comisión plantea que las empresas participantes tengan que notificar si reciben subsidios de países extracomunitarios al presentarse, de modo que la autoridad supervisora verifique si estos le dan una ventaja injusta para ganar la licitación, por ejemplo permitiéndole pujar con precios por debajo del coste.
Si es así, la empresa quedaría excluida de ese concurso e incluso se contempla la posibilidad de prohibirle participar en licitaciones públicas en la UE por un determinado periodo de tiempo.
Un proceso similar se aplicaría para las empresas subsidiadas que soliciten ayudas del presupuesto comunitario.
Procedimientos para compras y licitaciones
Además de los procedimientos concretos para compras y licitaciones, la Comisión propone introducir un sistema general para revisar todos los subsidios de terceros países y comprobar que no generan un problema de competencia.
La Comisión plantea que la supervisión de los subsidios recaiga tanto en sus servicios como en los de las autoridades nacionales
Cuando se concluya que existe una distorsión podrá exigir soluciones para compensarla, como la devolución del subsidio. Bruselas podría también considerar que la actividad subsidiada tiene un impacto positivo en la UE que compensa la distorsión y dar su visto bueno.
La Comisión plantea que la supervisión de los subsidios recaiga tanto en sus servicios como en los de las autoridades nacionales, aunque quiere reservarse el control en el caso de las adquisiciones.
Estas medidas se sumarían a otras puestas en marcha por la UE para protegerse de las prácticas anticompetitivas de algunos socios comerciales, China en particular, como el sistema de supervisión de inversiones extranjeras (en vigor el próximo octubre) o los instrumentos de defensa comercial.
