En pleno debate sobre cómo debe pagar la propia banca la reestructuración del sector, el Sabadell ha decidido alinearse con el Fondo Monetario Internacional, que reclama más dinero público para recapitalizar un grupo de 10 entidades españolas que considera "vulnerables". Según las conclusiones preliminares del informe de este organismo sobre el sector financiero español, en este grupo de entidades aparecen Banco de Valencia y Catalunya Caixa, cuyo proceso de subasta ya se ha iniciado, además de Novagalicia, para quien el FMI debe ser puesta en venta. Además, señala a otras dos entidades cuyo plan para cumplir con el Plan de Guindos ha sido aprobado por el Banco de España. Según todos los analistas, y en los términos que se expresa el FMI, una de ellas sería Bankia.
"Se está hablando si todo el saneamiento financiero debe recaer sobre el sector. Eso nos parece una desventaja competitiva sobre otros países que han hecho este proceso con dinero público", ha asegurado Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell, en la presentación de resultados del banco.
A su juicio, el dinero que van a tener que poner los bancos para sufragar las pérdidas de las entidades que van a ser subastadas deja en una "peor posición de competitividad a las grandes entidades españolas" frente a sus homólogas europeas y mundiales. "Es un exceso de carga", reiteró.
Durante estas semanas, el sector está debatiendo con Economía y el Banco de España la fórmula para ampliar la dotación del Fondo de Garantía de Depósitos para que pueda cubrir los esquemas de protección de activos que recibirán los nuevos dueños del Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia, en caso de que esta última sea subastada. Sobre la mesa hay varias opciones. Desde un crédito de las propias entidades al FDG, una derrama por las aportaciones de los próximos 8 años e incluso que las entidades acudan al Banco Central Europeo para obtener líneas de liquidez a cambio de utilizar como colateral sus aportaciones futuras al fondo.
Desde Economía se insiste en que no habrá dinero público para completar la reforma financiera. De ser así, se incrementaría el déficit público, dificultando el objetivo del 5,3% a final de año impuesto por Bruselas. Sin embargo, desde el sector consideran que el consejo del FMI puede variar la postura del Gobierno español.
