La denuncia presentada por siete diputados argentinos ante la Oficina Corrupción de ese país contra los nuevos interventores de YPF argumenta que, con arreglo a la ley argentina, los quince funcionarios denunciados deberían renunciar a sus cargos en la Administración pública "o en el peor de los casos solicitar licencias sin goce de sueldo, cosa que -como resulta público y notorio- no ocurrió".

El texto aprecia "múltiples irregularidades" en los nombramientos que el Ejecutivo de Cristina Kirchner ha llevado a cabo para la intervención de YPF. Cree que entrañan un "conflicto de intereses". La denuncia va dirigida contra quince administradores de la empresa nombrados por el Gobierno tras la expropiación.

En el caso de Julio de Vido, ministro de Planificación Federal e interventor de YPF, "mal puede controlar o diseñar políticas públicas", dice texto, cuando "él mismo se encuentra a cargo" de la gestión de la empresa. "Lo mismo puede decirse del síndico adjunto de la SIGEN [Sindicatura General de la Nación, una especie de Tribunal de Cuentas], Rodrigo Cuesta, que mal puede fiscalizar y auditar a YPF (...) cuando integra el directorio de la empresa sobre la que debería ejercer su función legal", añade. Cuesta ha sido nombrado responsable del área jurídica de YPF.

Respecto al viceministro de Economía, otro tanto: "Considerando que el licenciado Axel Kicillof es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de dicho ministerio (con rango de secretario de Estado), resulta manifiesta la incompatibilidad para ser subinterventor de YPF S.A., toda vez que dicha empresa desarrolla actividades estrechamente vinculadas al ámbito de competencia de la dependencia que integra".

La demanda, que insta al fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello, a abrir una investigación, también denuncia una supuesta "superposición de remuneraciones" para los nuevos gestores de YPF. 

El impulsor de la demanda es el diputado de Propuesta Republicana (conservador) Pablo Tonelli, que no tiene "la menor duda de que no va a salir adelante". La Oficina Anticorrupción funciona "en la órbita del ministerio de Justicia de la nación y no se ha caracterizado por una actuación independiente en los últimos años", aseguraba ayer, en conversación telefónica.

El diputado conservador, uno de los pocos que se ha opuesto al proyecto de ley por el que se ha consumado el asalto a la exfilial argentina e Repsol, dice no saber "con certeza" si los funcionarios nombrados en YPF también cobran por esas funciones. "Lo relevante es la imposibilidad de detentar los dos cargos", dice Tonelli, que considera que los promotores de la denuncia han "cumplido" con su deber al presentarla.

Mientras la crisis energética del país empeora, el Gobierno negocia con varias petroleras y 'utilities' internacionales la explotación conjunta del gigantesco yacimiento de Vaca Muerta. En Argentina se da por muy probable el nombramiento como nuevo consejero delegado de YPF de Miguel Galluccio, un ingeniero de elevado perfil técnico que trabaja en Londres para la estadounidense Schlumberger, líder en la industria auxiliar del petróleo.