Abanca está en el punto de mira de Hacienda. Y es que la Agencia Tributaria mantiene abiertos "a inspección fiscal" todos los ejercicios de la entidad para los principales impuestos (Sociedades, IVA, IRPF...) desde su constución como entidad de crédito española. Abanca, surgida en 2014 tras la compra de Novagalicia Banco por parte del grupo venezolano Banesco, reconoce dichas inspecciones abiertas en su último informe anual correspondiente al ejercicio 2015. Debido a dichas inspecciones el banco reconoce que en el futuro podrían generarse pérdidas inesperadas y no cuantificables.
Desde la entidad gallega han matizado a este diario que dicho párrafo es "estándar" y que todas las actuaciones de la Agencia Tributaria (o incluso la ausencia de las mismas) se recogen en todas las memorias anuales de la banca. "Solo se puede estar de dos maneras respecto a Hacienda: pendientes de inspección o sujetos a inspección. Es lo normal y no supone un indicio de nada", explican. A la entidad que sí que estaría inspeccionando el fisco es Afundación, la entidad sin ánimo de lucro heredera de la Obra Social de NCG Banco, entidad resultante de la fusíón de las antiguas cajas gallegas (Caixanova y Caixa Galicia). Desde Abanca insisten en que Afundación no está vinculada ni lo ha estado de ninguna manera con el banco. "No hay relación, solo un patrocinio por parte de Abanca similar al que se realiza con otras organizaciones", explican desde la entidad gallega.
Además de las inspecciones propias y específicas de Abanca, la entidad gallega tiene pendientes inspecciones pendientes por una de sus anteriores cajas. En concreto, de Novacaixagalicia
Además de las inspecciones propias y específicas de Abanca, la entidad gallega tiene pendientes inspecciones pendientes por una de sus anteriores cajas. En concreto, de Novacaixagalicia: "La administración tributaria notificó el inicio de actuaciones inspectoras en relación con el grupo fiscal Novacaixagalicia (actualmente Fundación Galicia Obra Social)" desde julio de 2011 y hasta diciembre de 2013, salvo en el caso del Impuesto de Sociedades, cuya inspección comenzaría desde el ejercicio 2010.
Atendiendo a las fechas, estas inspecciones relacionadas con Novacaixagalicia (NCG) no tendrían que ver con la gestión de Juan Carlos Escotet y sus actuales dueños y administradores del banco, sino sobre todo con el mandato de José María Castellano, antiguo presidente ejecutivo de la entidad nombrado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.
Además, el pasado año se cerraron varias inspecciones fiscales cuyo origen estaba en la antigua Caixanova, entidad a partir de la cual surgió NCG. En concreto, en julio de 2009 se iniciaron varias actuaciones por parte de la Agencia Tributaria relativas al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2004. "Posteriormente, con fecha 18 de enero de 2010 se recibió notificación de liquidación definitiva firmada en disconformidad, derivada de un acta de disconformidad previa, por importe de 846.000 euros. Dicha liquidación ha sido objeto de reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central, habiéndose satisfecho a la Administración Tributaria el importe derivado de la misma", según explica la propia entidad en su informe remitido a la CNMV.
"Finalmente, en el ejercicio 2015, como consecuencia de la actuación inspectora de las autoridades fiscales, se han incoado actas de inspección hasta el ejercicio 2009 inclusive, todas ellas firmadas en conformidad, que han devenido firmes en el propio ejercicio 2015", añaden desde Abanca, si bien puntualizan que dichas inspecciones no han supuesto un desembolso significativo por parte de la entidad.
23,7 millones gracias a la Sareb
Abanca ingresó durante el año pasado 23,7 millones de euros en concepto de comisiones por la gestión de los activos de la Sareb. Y es que desde el año anterior la entidad presidida por Escotet firmó un contrato para actuar como entidad 'servicer' de activos del conocido como banco malo. Un año antes la entidad había percibido 20,8 millones de euros por este concepto.
El informe determina además la cantidad a la que debería hacer frente el FROB en caso de que hubiera una responsabilidad retroactiva en las cláusulas suelo anuladas por la justicia. Y es que el acuerdo firmado entre el fondo estatal para la reestructuración financiera y la entidad gallega determinan que el contribuyente se hará cargo de un 85% de las reclamaciones relativas "a la comercialización de préstamos hipotecarios con la inclusión de cláusulas suelo, concedidos a partir de octubre de 2008", según consta en el documento.
