El Gobierno ha arrancado las negociaciones para dedicar fondos europeos a la reconstrucción de Valencia, pero la tarea no se presenta fácil. Fundamentalmente porque la mayor parte de los que no están comprometidos, aproximadamente el 80%, son préstamos de la Unión Europea en condiciones ventajosas. Es decir, no es dinero a fondo perdido. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que planteará una modificación de la adenda al Plan de Recuperación al que están asociados los Next Generation EU “para incluir un vector específico para Valencia” y redirigir fondos “hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata”.
La cuestión es que, según apuntan fuentes de Llorente y Cuenca (LLYC) a Vozpópuli, "los fondos más cuantiosos que puedan quedar como remanentes son los asignados a España como préstamos, pero para destinarlos a la reconstrucción de zonas afectadas por la DANA el Gobierno debería implementar un mecanismo financiero que permita recuperar esos fondos, ya que se deben devolver a la UE". Las mismas fuentes apuntan que "otra cosa sería que el Gobierno negocie con la Comisión que esos fondos no computen como deuda, de manera que habría más margen para encontrar la fórmula de su devolución (podría hacerse cargo el Estado central, alargando los plazos, por ejemplo)".
Los fondos Next Generation EU se dividen en subvenciones, dinero que la UE concede a España a fondo perdido, y préstamos. El Gobierno español empezó ejecutando las subvenciones (80.000 millones de euros) y la mayor parte del dinero ya está comprometida. Sin embargo, en el proceso de esa ejecución, ha habido convocatorias que han quedado desiertas por falta de candidatos o porque los que se presentaron no cumplían los requisitos. En ese sentido, se han ido generando remanentes que, según los cálculos de Llorente y Cuenca, en el caso de las convocatorias y licitaciones del Estado ascendían a cierre de septiembre a algo más de 7.000 millones de euros.
Además, la Administración General del Estado aún tiene convocatorias y licitaciones sin resolver por 10.225 millones, mientras que quedan otros 4.451 millones sin comprometer. En total, quedaría por resolver por la Administración General del Estado una dotación de 14.676 millones. "Si el índice de adjudicación fuera el mismo que hasta ahora (alrededor del 80%), se generarían 2.848 millones adicionales de remanentes en la AGE", apuntan. A eso habría que añadir los remanentes de los fondos transferidos a las CCAA, cuyos datos de ejecución son más difíciles de rastrear.
"Podemos estimar que, como máximo, el índice de adjudicación de las CCAA será similar al de AGE (aunque todo apunta a que será inferior). Por tanto, si aplicamos el 80,6% a los 24.725 millones transferidos para convocatorias y licitaciones de las CCAA, tendríamos que los remanentes que podrían generar las CCAA sería de un importe total de 4.799 millones", calculan desde LLYC. Con todo, los remanentes que se podían generar, como mínimo, al finalizar la ejecución del Plan de Recuperación serían 14.700 millones. "A ese montante podrían añadirse las subvenciones para proyectos que no lleguen a ejecutarse pese a estar aprobados, aunque cabe suponer que no serán demasiados", apuntan.
El otro tipo de fondos Next Generation EU, cuya adjudicación está mucho más retrasada, son los préstamos. Su importe total asciende a 83.140 millones, de los cuales solo se han comprometido hasta ahora 32.674 millones. "No se dispone de datos actualizados sobre cuántos de estos fondos comprometidos para préstamos se han distribuido efectivamente, pero todo hace pensar que no serán muchos. El plazo para esta distribución acaba el 31 de agosto de 2026, lo que significa que queda poco tiempo para adjudicarlos y por tanto es bastante probable que se genere un remanente cuantioso", comentan fuentes de LLYC.
En definitiva, el Gobierno puede negociar con la Comisión una nueva Adenda para destinar remanentes del PRTR (sean de subvenciones o de préstamos) a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, pero las mismas fuentes advierten de que "es complicado cambiar la decisión del consejo en la que se fijaron los hitos y objetivos Next Generation para España, ya que esos cambios los tendría que aprobar el conjunto de los otros 26 países de la UE". Por tanto, "lo que sería fácil es destinar algunos fondos que sobren una vez cumplidos (o en vías de cumplirse) los hitos y objetivos, pero seguramente será un importe menor que los remanentes que se pueden generar", añaden.
Otros fondos UE
Además, el ministro de Economía ha asegurado que se pretenden activar diversos instrumentos de ayuda, incluyendo el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), otros mecanismos disponibles como la Reserva Agrícola y se explorarán todas las opciones de flexibilidad para el uso de fondos estructurales y de cohesión. En cuanto a esos otros fondos europeos, las fuentes consultadas por este periódico apuntan que los más accesibles para España serían los FEDER 2021-2027, pero hay que tener en cuenta que a España le corresponden en total 23.539 millones para ese período y gran parte están ya comprometidos.
Además, aproximadamente la mitad de esa dotación la gestionan los CCAA y la otra mitad el Gobierno central, que dispondría por tanto de unos 12.000 millones de euros de estos fondos, aunque la mayor parte ya comprometidos, y sería difícil para el Gobierno lograr reasignarlos, porque lo tendría que negociar con la Comisión Europea. Por tanto, "de los FEDER podrían salir ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, pero no con los importes que se necesitan", apuntan fuentes de LLYC.
En cuanto al Fondo de Solidaridad de la UE para catástrofes naturales, advierten de que hasta ahora está bastante infradotado, pues se habían asignado solo 500 millones de euros en total desde su creación en 2022. En conclusión, según fuentes expertas, existe la posibilidad de lograr fondos UE de distintas procedencias para aplicarlos a la reconstrucción de la zona afectada por la DANA en Valencia, "aunque su materialización exigirá arduas negociaciones del Gobierno con las autoridades europeas y es difícil que solo con estos fondos se puedan cubrir los daños".
