El abogado Felipe Izquierdo y el despacho Ius Aequitas ultiman la presentación ante la Audiencia Nacional de solicitud para que el exministro José Borrell declare en calidad de investigado (antes imputado) por las indemnizaciones millonarias recibidas por el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Los abogados ya advirtieron la pasada semana que preparaban ampliación de querella, admitida por la juez, por este caso, presentada a finales del pasado mes de noviembre.
La petición se sustenta, de acuerdo a lo expuesto por los abogados que presentaron la querella, en que Borrell presidía la comisión de nombramientos y retribuciones cuando Abengoa acordó, en febrero de 2015, un bonus de siete millones de euros para Felipe Benjumea por permanencia en la empresa. En la actualidad la comisión de retribuciones de Abengoa está presidida por Mercedes Gracia Díez y forma parte de ella Antonio Fornieles y Alicia Velarde Valiente, además de Borrell.
Dejaron su puesto en 2015
Benjumea, que lidera la sociedad Inversión Corporativa, primer accionista de Abengoa con el 57% del capital, dejó su cargo el 23 de septiembre (nombrado entonces presidente de honor) para facilitar el apoyo de la banca a una ampliación prevista entonces por 650 millones de euros. La empresa había comunicado anteriormente que Benjumea había acordado con Abengoa el pago de siete millones por permanencia y su percepción en el caso de que fuera cesado.
Manuel Sánchez Ortega dejó su cargo de consejero delegado en mayo y poco después fichó por la firma de inversión Blackrock, que ha invertido en Bolsa apostando por una caída del valor de Abengoa. Recibió 4,48 millones como contraprestación por no competencia postcontractual.
José Borrell, de acuerdo a fuentes cercanas al grupo sevillano, basará su defensa sosteniendo que a principios del pasado año, para cumplir con la nueva ley de sociedades, se cambió el contrato laboral que tenía Benjumea por otro mercantil, y que el anterior contrato ya contemplaba ese bonus de siete millones. Además recordará que todo fue aprobado por el consejo de administración. Los abogados que presentaron la querella incidirán en que la salida de Benjumea fue un cese voluntario, no forzado, por lo que, en todo caso, no tendría derecho a percibir los siete millones.
