La Abogacía del Estado está en la picota. Su proceder en los procesos abiertos por la avalancha de recursos contencioso-administrativos de las empresas renovables contra el hachazo del Gobierno ha levantado ampollas no solo entre las empresas afectadas.
Fuentes jurídicas y empresariales de alto nivel han mostrado estos días su malestar por la actuación de los abogados del Estado. Como colofón, Vozpópuli ha tenido acceso al escrito presentado ante el Supremo por varios inversores fotovoltaicos que, asesorados por el bufete Holtrop, acusan directamente a los representantes legales de la Administración de “entorpecer todo lo posible el avance del presente procedimiento”.
El escrito contiene las alegaciones de los demandantes ante la petición de la Abogacía del Estado de suspender todos los procedimientos abiertos (tanto en el Supremo como en los tribunales arbitrales internacionales) después de que la Comisión Europea haya anunciado la apertura de un examen previo sobre si las primas a las renovables pagadas en España son ayudas de Estado ilegales.
Los abogados que en este caso defienden al Ministerio de Industria y Energía sostienen que hasta que Bruselas no se pronuncie sobre si ha habido infracción por dar ayudas de Estado ilegales, no tiene sentido que otras instituciones judiciales o arbitrales resuelvan las denuncias y los contenciosos presentados.
Pero según las fuentes consultadas, ni el Supremo ni mucho menos los tribunales arbitrales están por la labor de acceder a las pretensiones de la Abogacía. Por si acaso, los denunciantes ya están presentado duras alegaciones.
La Abogacía ha tenido que ser obligada a aportar la documentación al expediente tras meses de retraso y ahora pide las suspensión de los procesos "por motivos que no guardan relación alguna" con los contenciosos en marcha
El escrito en manos de este diario señala: “Esta parte tiene la impresión de que la Abogacía del Estado, dicho sea sin ánimo de ofender y únicamente a efectos de defensa, está tratando de entorpecer todo lo posible el avance del presente procedimiento, primero no proporcionando el expediente completo, después tardando varios meses en responder a los requerimientos del Tribunal sobre la ampliación del expediente, y ahora solicitando una suspensión del procedimiento por motivos que no guardan relación alguna con los esgrimidos por esta parte en su escrito de demanda”.
Los denunciantes recuerdan que “ninguno de los argumentos esgrimidos está relacionado con las ayudas de Estado, ya que la demanda tiene como objeto la nulidad total o parcial de la Orden [que estableció el hachazo de 3.000 millones de euros a todas las empresas renovables] por ser contraria a diversos preceptos de rango superior, tales como el Derecho Europeo, la Constitución Española y determinadas de rango legal”.
El escrito de alegaciones saca los colores tanto al Ministerio de Industria como a la Abogacía del Estado. Al primero le recuerda que “los Estados miembros deben notificar los proyectos de ayudas de Estado a la Comisión Europea con suficiente anterioridad”, pero lo que ha hecho el Gobierno es “no notificar a la Comisión” ni el Real Decreto ni la Orden del ajuste renovable “hasta después de que dichas normas fueran publicadas en el BOE y entraran en vigor, desplegando todos sus efectos”.
"Ante este mal hacer de la Administración, no se le puede premiar con la suspensión de los litigios contra esas normas", señala el escrito de alegaciones
“Ante este mal hacer de la Administración, no se le puede premiar con la suspensión de los litigios contra esas normas, que además no guardan relación argumental alguna con las ayudas de Estado”, afirma el escrito.
Y a los representantes legales del Estado les afean que en su petición de suspensión de los procesos hablen de “un supuesto procedimiento iniciado por la Comisión Europa, del que por cierto no hay registro alguno en la web de la Comisión y cuya existencia la parte contraria [la Abogacía] no ha acreditado debidamente”. Y que además, ese supuesto procedimiento “no guarda ningún tipo de relación con los problemas jurídicos planteados en el presente recurso 482/2014”.
Según las fuentes consultadas, el escrito de la Abogacía señalaba que España notificó las posibles ayudas de Estado y Bruselas decidió, el 13 de febrero, abrir un procedimiento de examen preliminar de ayudas de Estado. Han pasado más de los dos meses preceptivos desde entonces y la Comisión aún no ha abierto una investigación, tal y como ha dicho en Madrid la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Bruselas no ha decidido aún si abrirá una investigación formal sobre las primas concedidas a las renovables en países como España, dado el impacto que esto podría tener en los litigios judiciales abiertos, ha señalado.
Vestager ha incidido en que hay que tener "mucho cuidado" cuando existen procesos judiciales abiertos, como es este caso, y ver cómo los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha, una situación que genera incertidumbre, informa Europa Press.
